La portavoz del Grupo Popular de la Diputación de Valencia, Mª Carmen Contelles, ha denunciado que el cuatripartito de la Diputación de Valencia quiere impedir la función fiscalizadora del Grupo Popular al incumplir de manera reiterada el envío de información solicitada.
Según Mari Carmen Contelles,"la gestión del cuatripartito en sus primeros meses muestra reiteradamente un comportamiento bipolar, por una parte venden a la opinión pública una filosofía de transparencia y los hechos objetivos demuestran la opacidad y el ninguneo interesado a la labor de oposición del grupo popular."
Contelles ha destacado que en la actualidad son cinco ya las peticiones de información que no han sido respondidas de manera adecuada por parte del equipo de gobierno. En algunos casos, superando ya cincuenta días desde que se realizó la primera petición.
Para Contelles, "sonroja especialmente el caso de la solicitud de información sobre facturas a la diputada de Igualdad. El 11 de noviembre solicitamos copia de las facturas, reiterando la petición de información el pasado 27 de enero e incluyendo en la misma al diputado de Transparencia. El pasado 4 de febrero recibimos como contestación que dicha petición debe realizarse a otro departamento. Han necesitado 54 días para decirnos que debemos volver a realizar la petición."
Para la portavoz Popular "desgraciadamente éste no es un caso aislado, ya que han repetido la misma fórmula con la petición de información relativa al controvertido nombramiento de Vicent Flor como Director Gerente de la Institución Alfons el Magnànim. Tras solicitarla el pasado 18 de enero, el pasado 1 de febrero se recibió como respuesta que se requería a otro departamento que se nos remita la información más relevante sobre dicho proceso. Una documentación que seguimos sin haber recibido. Pasados 22 días de la primera solicitud, seguimos sin poder consultar los criterios de selección y los baremos de puntuación".
Desde el grupo popular han querido recordar que la ley 8/2010 de la Generalitat Valenciana de Régimen Local establece que las peticiones de información deben contestarse en un plazo de cinco días y la denegación de la misma debe estar motivada.
