Vista del patio interior del centro penitenciario Castellón 2, en Albocà sser. EFE-Domenech Castelló-Archivo
La falta de recursos sanitarios en las prisiones valencianas y los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) es "alarmante y vergonzosa" y "vulnera los derechos sanitarios", y para que se produzcan "cambios reales" es "imprescindible" que la Generalitat solicite las transferencias sanitarias penitenciarias.
"Las prisiones se han convertido en los manicomios del siglo XXI", ha afirmado Javier Vilalta, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos, Salud Mental y Prisión (ODSP), que este lunes ha presentado su segundo informe, en el que hacen doce propuestas para esta situación.
El informe reclama que haya coordinación entre las administraciones para que las personas con problemas mentales que están en prisión "no estén en el limbo", indica Vilalta, para quien "urge" que el Consell solicite las competencias sanitarias penitenciarias "tal y como están obligados desde 2004 y como avalan tres PNL aprobadas en 2022 en Les Corts".
El 40 % de los presos tiene problemas de salud mental, con una prevalencia del 90 %, según Vilalta, quien añade que el 65 por ciento de las personas que están en prisión toman medicación psiquiátrica y en los centros penitenciarios valencianos la carencia de facultativos llega al 70 por ciento.
El informe denuncia la ausencia de psiquiatras en las prisiones de la Comunitat Valenciana, donde hay 6.308 personas presas (el 90,8 % hombres y el 9,2 % mujeres), y señala que solo el Hospital Psiquiátrico de Fontcalent, en Alicante, tiene en plantilla a tres especialistas en PsiquiatrÃa para a atender a 215 personas.
Los diagnósticos más frecuentes son los trastornos adaptativos (20 %); trastornos psicóticos (20 %); o trastornos afectivos (10 %), problemas "muy complejos", "crónicos" y relacionados con factores sociales y fÃsicos que empeoran su pronóstico y manejo como son la adicción a las drogas, dando lugar a la patologÃa dual o las dificultades de aprendizaje.
En los centros penitenciarios, señala, enfermeros y médicos no están especializados en salud mental pero "son los que acaban ajustando medicaciones y llevando el seguimiento de las personas con enfermedad mental" y al estar el equipo médico "colapsado" no puede llevar a cabo una función de filtro previa a la visita del psiquiatra.
Respecto a la medicación, tanto sanitarios como pacientes coinciden en que es común la sobremedicación, el cambio de medicación en aquellos que ya tenÃan pauta médica, casos de medicación que no les sienta bien o que no está ajustada y normalmente administrada mediante pinchazo por una cuestión práctica debido a la falta de personal y recursos y para evitar suicidios y venta de la medicación.
Con respecto al suicidio, es en la etapa inicial del encarcelamiento, de uno a cinco meses, cuando se produce el lapso de mayor riesgo en la aparición del intento suicida y, según el informe, de las 36 personas que se suicidaron en las prisiones españolas en 2021, 8 lo hicieron en los primeros 3 meses y 4 de ellos en el mismo dÃa de ingreso.
En el caso del CIE Zapadores, el informe explica que cuando una persona interna requiere un ingreso hospitalario, "es el director del centro, que no es personal sanitario, quien tiene la decisión última de que este tenga lugar, una decisión que deberÃa ser estrictamente médica".
Otra de las deficiencias observadas es el hecho de que se omite el horario del intérprete y, en caso de que un interno no pueda comunicarse con el médico, este difÃcilmente podrá atenderle con todas las garantÃas.
Además, en el CIE Zapadores no hay psiquiatras ni psicólogos clÃnicos para que la atención sanitaria sea completa, teniendo en cuenta el malestar psÃquico y emocional de las personas que se encuentran internadas en el mismo.
A su juicio, es "imprescindible, para que se den cambios reales", que las fuerzas polÃticas "lleven a cabo acciones, empezando por la transferencia de competencias en materia de sanidad penitenciaria a las comunidades autónomas" y destinando los recursos que se requieren
En este sentido, el informe indica que en la actualidad se está pendiente de la petición de las transferencias penitenciarias por parte de Presidencia de la Generalitat y la Conselleria de Sanidad solicitadas en varias proposiciones no de ley (PNL) en les Corts Valencianes.
El informe reclama un equipo de salud mental en cada provincia de la Comunitat, formado por al menos un especialista en psiquiatrÃa, otro en psicologÃa clÃnica y una enfermerÃa especializada en salud mental.
Respecto a los CIE en España, donde en 2021 habÃa 1.841 personas (frente a las 8.814 del año 2018), asegura que son centros "desproporcionados, inútiles, caros y que vulneran los derechos humanos" y exigen su "cierre inmediato" ya que, afirman, "no hay reforma posible que pueda justificar privar de libertad a una persona que no ha cometido delitos.
