La Federación de Servicios de UGT del PaÃs Valenciano considera que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que declara nulo el Expediente de Regulación de Empleo de Radio Televisión Valenciana de 2012, "con derecho a la reincorporación de los (1.198) trabajadores afectados en sus correspondientes puestos de trabajo" es una victoria para los derechos fundamentales de los trabajadores y trabajadoras, pues considera probado que hubo una práctica discriminatoria en la elección de las personas despedidas, atentando contra estos derechos fundamentales.
Para la UGT es una satisfacción añadida que el Tribunal reconozca que también se produjo una discriminación por razón de género, tal y como demandaba el sindicato. Asimismo, también se contempla la omisión de todo lo indicado en el Plan de Igualdad de RTVV con relación al proceso de despido.
La FeS-UGT-PV celebra que el Tribunal de Justicia de la Comunitat Valenciana haya sentenciado la nulidad del Expediente de Regulación de Empleo y considera probada la mala gestión y el mal hacer de los actuales dirigentes de la empresa pública, quienes han conculcado los derechos fundamentales de los trabajadores y trabajadoras de RTVV.
De hecho, esta sentencia, contra la que cabe recurso, obliga a la readmisión de 1.198 personas, ya que los despidos, "estaban acotados de antemano, y que no habÃa margen alguno para aceptar ni asumir otros remedios menos traumáticos o de inferior coste social, que no fueran el despido de más del 70% de la plantilla".
La sentencia considera además que el periodo de consultas del ERE es "un proceso de negociación" (…) "y en modo alguno constituye un mero requisito de forma para proceder a la realización de los despidos colectivos", cosa que en el proceso de RTVV no se ha producido. Es más, la sentencia reconoce que ha habido "una evidente y clara alteración de los listados y de los propios criterios de designación procedentemente delimitados y aprobados, pasando a aprobarse otros distintos".
Por tanto, la FeS-UGT-PV considera que esta sentencia deja en evidencia tanto a los directivos, como a quienes dieron las directrices polÃticas para que se ejecutara un ERE que pretendÃa hacer responsables a los trabajadores y trabajadoras de la mala gestión del ente público.
