El expresidente de la Diputación de Valencia con el PP Alfonso Rus (en la imagen,a la izq , entre otros, en el banquillo de los acusados) se enfrenta a su primer juicio por las diferentes piezas del caso Imelsa, en el que la Fiscalía Anticorrupción reclama para él una condena de 12 años de prisión por pertenencia a organización criminal, malversación, prevaricación y falsedad.EFE- Ana Escobar
El juicio de la pieza del caso Imelsa que ha comenzado este lunes en la Audiencia de Valencia presenta un banquillo de los acusados formado por veintiséis personas que proceden de diferentes ámbitos, sectores, partidos políticos y hasta del mundo del fútbol. ¿Quién es quién en esa nómina de procesados?
Hay cargos políticos del PP y del PSPV-PSOE en la Diputación de Valencia y en las empresas públicas Imelsa y Ciegsa, también está el autodenominado "yonqui del dinero" junto a un futbolista del Olímpic de Xàtiva, así como un empresario del sector de la comunicación y varios "zombis" contratados como asesores o brigadistas forestales.
Todos ellos comienzan a ser juzgados en la pieza que investiga la contratación irregular de trabajadores en estas organizaciones.
El primero de los acusados es el expresidente de la Diputación de Valencia entre 2007 y 2015, Alfonso Rus, también alcalde de Xàtiva entre 1995 y 2015, presidente del PP provincial entre 2004 y 2015, del Consejo de Administración de Imelsa y del Club Olímpic de Xàtiva.
Asimismo, está acusado el autodenominado "yonqui del dinero", Marcos Benavent, exgerente de Imelsa y antes concejal del PP en Xàtiva que, según el escrito de acusación de la Fiscalía, tenía en Imelsa funciones de "intermediario recaudador".
Por su parte, Emilio Llopis fue durante este periodo jefe de gabinete de Rus y consejero de Imelsa, además de responsable de Coordinación de las Comarcas en el PP provincial.
También está acusada la entonces jefa de personal de Ciegsa, María Escrihuela, nombrada por Benavent y que el Ministerio Fiscal entiende que se encargaba de encuadrar las contrataciones ficticias con las categorías laborales de la empresa.
En este sentido, el exdirector de servicios financieros de Ciegsa, José Enrique Montblanch, se encargaba, según la Fiscalía, de que hubiese dinero disponible para abonar las nóminas de los presuntos "zombis".
Otro de los acusados vinculado al PP es el ex diputado provincial Salvador Enguix, que incorporó a una de las "zombis" como su asesora y que pudo emitir contratos falsos.
Según el escrito de acusación del fiscal, en Imelsa fue contratado el futbolista del Olímpic de Xàtiva -club presidido entonces por Alfonso Rus- Miguel Angel Mullor, que fue eventual en la empresa entre 2008 y 2009 e indefinido entre 2009 y 2010.
Amigos o conocidos del propio Rus también fueron incorporados por esta vía a la compañía pública, como la vecina de Xàtiva Eva Luisa Sarrión, en paro y con problemas económicos, que fue contratada como asesora del diputado Salvador Enguix.
También era amigo personal de Rus Ángel Ramón Sanchís, en ese momento desempleado, a quien se hizo un contrato supuestamente ficticio entre 2012 y 2015 como asesor de Emilio Llopis, mientras que otro de los acusados como "zombi" de Imelsa es José Estarlich.
Por otra parte, fueron contratadas en Imelsa varias personas como falsos brigadistas forestales, según la Fiscalía, por orden de Emilio Llopis, como Juan Antonio Sanz, Francisco José Antequera o Raúl Mateo Ángel.
Todos ellos fueron asignados ficticiamente como asesores de diputados provinciales, aunque en algunos casos ni siquiera acudieron nunca a Imelsa más allá de para firmar el contrato.
"Aprovechando la situación creada, y lejos de denunciar la situación", según la Fiscalía, el entonces consejero de Imelsa Rafael Rubio, del PSPV-PSOE, "solicitó el favor" a Benavent de que contratara a dos personas allegadas a su partido, María Teresa Gimeno y Carolina de Miguel, a quienes incorporó como sus asesoras.
También por la parte socialista se encuentra acusado el ex diputado provincial Raúl Pardos, que al parecer emitió certificados de contratación falsos.
Otros acusados fueron contratados a instancias del PSPV en la empresa pública, como Francisco Javier Cañizares, que, según ha reconocido en la primera jornada del juicio, trabajaba como personal de mantenimiento en el Partido Socialista y no en Imelsa, donde fue contratado como consejero del entonces diputado socialista Toni Gaspar -actual presidente de la Diputación- y donde, según defienden las acusaciones, nunca acudió.
Contratadas por mediación de Rafael Rubio, por su parte, ni María Teresa Gimeno Ibáñez, ama de casa, ni Carolina de Miguel, ambas vinculadas al Partido Socialista, realizaron ningún trabajo real para la empresa pública.
Por otra parte, el empresario del sector de la comunicación y amigo de Benavent José Adolfo Vedri pidió al exgerente de Imelsa que, con cargo a fondos públicos, se hiciese cargo la empresa pública de los sueldos de dos trabajadores de su empresa 'La Gráfica'.
Se trata de Óscar Pavon y Salvador Tormo, que firmaron dos contratos con puesto simulado de auxiliar administrativo mientras seguían trabajando en la empresa de Vedri, que ha reconocido los hechos.
También están acusadas personas relacionadas con Ciegsa, la empresa pública de la Generalitat dedicada a la construcción de centros educativos.
Es el caso del ex secretario autonómico de Educación de la Consellería de Cultura, Educación y Deportes y consejero delegado de Ciegsa desde 2003 hasta 2007, Máximo Caturla, quien, según la Fiscalía, contrató en esta empresa pública al menos a cuatro personas que no desempeñaban ninguna función, además de alquilarles un piso en el centro de València con fondos públicos.
En la causa están acusadas personas contratadas en la empresa pública Ciegsa, que no desarrollaron labor alguna para la compañía, sino para el PP, como Antonio Gil, al que Caturla le creó un puesto de jefe de planificación, seguimiento y coordinación del programa de infraestructuras educativas, con un contrato de alta dirección.
También es el caso de Juan Sanchís, contratado como jefe de planificación, seguimiento, y coordinación de las Infraestructuras Excepcionales, con un contrato de alta dirección y que permaneció contratado hasta su jubilación.
Por su parte, María Clara Sáez fue contratada en Ciegsa por Caturla con contrato de alta dirección como jefa de relaciones entre la sociedad y la Consellería de Cultura, Educación y Deporte, e incluso, una vez de baja de la empresa, se la volvió a contratar con un salario superior como oficial administrativa.
En la misma situación se encuentra Manuel Gómez Pérez, concejal del Ayuntamiento de Requena de 1987 a 1995, y teniente de alcalde hasta el año 2003 por el PP, contratado como oficial administrativo hasta que se jubiló.
