El expresidente de la Diputación de Valencia y alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez (i) , a su llegada a la Ciudad de la Justicia el pasado 1 de junio para recoger la sentencia de la Sección Primera de la Audiencia Provincial que le absolvió de todos los delitos, al igual que el resto de procesados, en el caso Alquería, que juzgaba la contratación de personas afines al PSPV y Compromís en la emprLa Fiscalía Anticorrupción ha presentado un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana contra la sentencia del caso Alquería que absolvió a todos los procesados, entre ellos el expresidente de la Diputación de Valencia con el PSPV-PSOE y actual alcalde de Ontinyent (hoy independiente), Jorge Rodríguez.
Según han confirmado a EFE fuentes judiciales, ni Acción Cívica contra la Corrupción ni el PP, ambas personadas en la causa como acusaciones populares, han recurrido por el momento esta resolución de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Valencia.
La sentencia, conocida el pasado 30 de mayo, absolvió de todos los delitos a todos los procesados, directivos de la empresa pública Imelsa o colaboradores de Rodríguez, de los delitos de malversación, prevaricación y falsedad por los que el fiscal reclamaba penas de entre 6 y 8 años de prisión.
El tribunal consideró que no se logró acreditar durante el juicio que la nueva estructura que diseñaron los dirigentes del PSPV y Compromís para la empresa pública Imelsa en 2015 "obedeciera a la necesidad o voluntad de contratar a determinadas personas, como una forma de pagar favores o conceder prebendas".
"Consideramos, más bien, que el orden fue inverso. Se dotó a Imelsa de una nueva estructura que, con más o menos acierto, no estamos en condiciones de valorarlo, se consideró más eficaz para el cumplimiento de los fines sociales; y se buscaron personas (...) que pudieran merecer la confianza del equipo directivo (...) pues, en definitiva, se trataba de desarrollar acciones que tienen un marcado carácter político", según se reflejó en el fallo.
El tribunal consideró que "la nueva estructura de Imelsa y sus nuevas líneas de actuación resultaron ser una decisión política de los partidos que alcanzaron el pacto de gobierno" en 2015 y que "no existe sustento probatorio que permita afirmar que esa nueva estructura viniera preordenada por el propósito de colocar a amigos o correligionarios".
Por el contrario, la Fiscalía Anticorrupción mantiene su tesis sobre la ilicitud de las contrataciones de esos altos directivos, la ausencia de un procedimiento acorde a la legalidad, y subraya el perjuicio que sus salarios supusieron para las arcas públicas.
