La exconsellera de Justicia e Interior del Gobierno valenciano Salomé Pradasa su llegada a los juzgados de València para declarar como investigada en la causa judicial por la gestión de la dana. EFE-Biel Aliño
La Fiscalía de Valencia se opone por ahora a la imputación del ex número dos de Emergencias de la Generalitat, Emilio Argüeso, sin perjuicio de que el avance de la investigación sobre la DANA del pasado 29 de octubre revele que tenía algún tipo de cometido "que hubiera podido evitar o disminuir" las muertes.
Así lo recoge un escrito de la Fiscalía, fechado este miércoles y al que ha tenido acceso EFE, en el que el Ministerio Público apoya la apelación de Argüeso contra el auto dictado por la jueza instructora de la DANA el pasado 10 de marzo, por el que le imputó debido a su "relevancia orgánica y por ende decisoria". A raíz de este auto, Argüeso ha declarado este viernes como investigado, al igual que la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas.
La Fiscalía considera que, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, no se puede "desembocar en atribuciones objetivas de responsabilidad por el mero hecho de la posición o cargo que una persona concreta ostente en la organización, por muy alto que este sea". Emilio Argüeso era secretario autonómico de Emergencias, el número dos en la Conselleria dirigida por Pradas.
No obstante, el Ministerio Público aclara que esto no significa que no pueda procederse a una imputación posterior, si la instrucción revela que Argüeso tenía algún cometido específico relacionado con la adopción de medidas o decisiones que hubieran podido evitar o atenuar los fallecimientos o lesiones provocados por la DANA, y que omitió su deber de actuar generando un riesgo para la vida o integridad física de las personas.
En cambio, la Fiscalía sí pide confirmar la imputación de Salomé Pradas en esta causa. El escrito destaca que "la dirección del plan especial ante el riesgo de inundaciones en la Comunitat Valenciana" correspondía a la entonces consellera "una vez declarada la situación de emergencia dos, y, por ende, la función de determinar las medidas de protección a la población".
El Ministerio Público plantea así desestimar el recurso de apelación de Pradas contra su imputación, en el que ella pedía archivar las diligencias argumentando que "no cabe atribuir responsabilidad penal por la muerte de las víctimas" a "personal técnico o político concreto, relacionado con los hechos de sus competencias, sino todo lo más al funcionamiento de las tres administraciones implicadas".
La investigación se centra en esclarecer posibles responsabilidades penales por imprudencia grave en relación con los fallecimientos ocurridos durante el temporal, poniendo el foco en la gestión de las autoridades autonómicas en materia de Protección Civil.
