La directora general de Relaciones con las Cortes, Ana Domínguez. -EPDA La Generalitat, a través de la Oficina de Recuperación de Activos, tiene abiertos en estos momentos 16 expedientes en los que promueve la devolución a las arcas públicas de patrimonio sustraído en casos de corrupción anteriores a 2015, de los cuales prevé ingresar, al menos, 4 millones en fondos o elementos patrimoniales.
De esta cantidad, 3,2 millones derivan del proceso que investiga la presunta contratación irregular, por parte de RTVV, de pantallas gigantes de televisión para retransmitir el Encuentro Mundial de las Familias en 2006. La cantidad ha sido fijada en una sentencia en primera instancia y la Generalitat ha solicitado ya la ejecución provisional de la misma.
El resto de las cantidades que se prevé ingresar corresponden, entre otros, al caso Cooperación-Nicaragua, principalmente por la subasta de inmuebles y de una plaza de garaje.
Asimismo, en el marco del caso Cooperación-Haiti, la Generalitat está en contacto con la magistrada de enlace de España ante las autoridades de Estados Unidos y Canadá (Embajada de España) quien informó en noviembre de la finalización en breve del procedimiento de embargo judicial de los bienes del empresario Augusto César Tauroni en Miami, un yate y 2 apartamentos.
La directora general de Relaciones con las Cortes, Ana Domínguez, ha destacado que "desde el primer momento ha sido una prioridad fundamental de este Consell garantizar un uso escrupuloso del dinero público, garantizando que vaya a mejorar las condiciones de vida de las personas. Al mismo tiempo, nos hemos esforzado en recuperar todo el dinero que, en gobiernos anteriores a 2015, fue robado de las arcas públicas en casos de corrupción"
"La corrupción es inadmisible y nadie debería beneficiarse de ella. Por eso, como administración pública no vamos a cejar en el empeño de recuperar hasta el último céntimo que se pueda rescatar derivado de ilegalidades. Las instituciones tienen que estar sol y exclusivamente para satisfacer las necesidades de la ciudadanía y lograr una democracia más fuerte", ha señalado.
El Consell está personado en estos momentos en distintas piezas de los casos Cooperación y Orange Market, así como en los casos Emarsa, Ciegsa o Valmor Sports, entre otros.
Las actuaciones promovidas por la Oficina de Recuperación de Activos han permitido, hasta el momento, devolver a las arcas públicas un total de 8,1 millones, en concepto de daño patrimonial, por ilegalidades cometidas en la anterior etapa de gobierno.
Hasta el momento, la cantidad más elevada que ha recuperado la Generalitat, 3,3 millones, corresponde al caso Terra Mítica, en el que se investigó la implicación de empresarios y exdirectivos del parque temático en una red de facturas falsas en la construcción del mismo.
Gran parte del dinero se ha podido recobrar gracias a los embargos y subastas judiciales ejecutados para el resarcimiento de las responsabilidades establecidas en las diversas sentencias dictadas.
El siguiente caso, por importe, sería Cooperación. En concreto, la pieza 'Nicaragua', de la que se han recuperado hasta la fecha 1,4 millones. Este caso trata sobre el desvío en 2008 de más de un millón de euros destinados a proyectos solidarios en Nicaragua, pero que se invirtieron principalmente en pisos y plazas de garaje en Valencia. Este caso aún no está cerrado y la Generalitat prevé recuperar más patrimonio.
Por su parte, de la pieza Haití, englobada dentro del mismo caso Cooperación, se han podido recuperar 422.000 euros. Este caso trata sobre la supuesta desviación de fondos de la Generalidad Valenciana destinados a la construcción de un hospital en Haití, tras el terremoto que asoló el país en 2010.
Por su parte, la pieza referida a contratos informáticos dentro del caso Cooperación permitió recuperar 228.000 euros.
Asimismo, en el conocido como caso Emarsa, referido a la antigua Entidad Metropolitana de Aguas Residuales, la Generalitat ha podido rescatar 1,3 millones de euros. La investigación judicial destapó que los gestores de Emarsa pagaron presuntamente cantidades millonarias por servicios y suministros inexistentes a empresas, algunas de ellas vinculadas a directivos de la compañía.
Siguiendo con los casos cerrados, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana condenó a la Diputación de Castellón por incumplir el convenio de patrocinio del Masters-Castellón Costa de Azahar de 2012. La entidad tuvo que pagar a la Sociedad de Proyectos Temáticos (SPTCV), dependiente de la Generalitat, 531.000 euros y otros 152.000 euros en concepto de intereses de demora. En total, 683.000 euros. Este expediente está cerrado al haberse recuperado el total del de principal, intereses y costas.
Asimismo, los casos Fitur y Volvo Ocean Village permitieron recuperar cado uno cerca de 300.000 euros. El primero de ellos trata sobre las irregularidades en la contratación del expositor de la Generalitat en la feria Fitur, en las ediciones del 2005 al 2009, a través de las empresas de la trama Gurtel. El segundo se refiere a irregularidades en el contrato de gestión de la Volvo Race Village celebrada en el año 2014.
El Consell también ha logrado recuperar cantidades en el caso referido al Palau de les Arts o en el caso HUPA Telecomunicación, entre otros.
"Desde la Generalitat velamos por una adecuada defensa de los intereses públicos y nos hemos personado en asuntos de repercusión social y trascendencia económica, documentando adecuadamente los perjuicios ocasionados a las arcas públicas y reclamando el cobro de activos de la Generalitat que no habían sido exigidos", ha explicado Domínguez.
