La Generalitat aumenta la protección sobre el paraje de Porxinos de Riba-roja como suelo forestal y agrícola e impide desarrollar planes urbanísticos

El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha dado a conocer que la Conselleria de Medio Ambiente ha ampliado el área de protección especial del Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del Túria en el que el paraje de Porxinos quedará incluido en la denominada interfase 1 como zona forestal y agrícola no urbanizable. Esta zona está calificada actualmente como suelo agrícola protegido.

El ámbito de aplicación del PORN se delimita en torno al cauce del río Túria tras incorporar una serie de áreas de interés natural, productivo, cultural y paisajístico que se localizan a ambos, de forma que afecta a un total de 14 municipios: Cheste, l'Eliana, Llíria, Manises, Mislata, Paterna, Pedralba, Quart de Poblet, Riba-roja de Túria, Benaguasil, San Antonio de Benagéber, Vilamarxant y Valencia. El trámite administrativo que se seguirá plasmar esta ampliación se prolongará durante un periodo cercano a los diez meses.

La propuesta de ampliación del PORN del Parque del Túria está cifrada en otras 6.933 hectáreas que se unirán a las 9.844 actuales de forma que en el futuro, tras el proceso de tramitación, quedará fijado en un total de 16.777 hectáreas, es decir, un 70'4% de incremento global, con la incorporación de nuevas áreas de interés ecológico, entre ellos el paraje de Porxinos de Riba-roja de Túria.

De esta forma, la nueva ordenación planteada por la Generalitat impedirá cualquier tipo de actuación urbanística en la zona de Porxinos que pasa de tener una calificación de suelo agrícola a otro considerado como forestal y agrícola incluido como suelo del área de Interfase 1 "como suelo no urbanizable protegido, con la única excepción de las zonas en las que la Conselleria competente en materia de minería pudiera autorizar ampliación o modificaciones de actividades mineras existentes conforme a lo dispuesto" por la ley.

Cabe recordar que en esta zona de Porxinos la empresa Litoral del Este -ligada al Valencia- promovió en 2005 un plan de actuación integrada (PAI) para construir 2.800 chalés, un campo de golf y una ciudad deportiva sobre una superficie de 1'6 millones metros cuadrados gracias al convenio suscrito con el ex alcalde de Riba-roja de Túria Francisco Tarazona (PP) y como compensación recibió 20 millones de euros.

Sin embargo, una sentencia primero del Tribunal Superior de Justicia de abril de 2013 y una posterior del Supremo de junio de 2015 declaró nulos el plan parcial y la homologación del proyecto urbanístico al considerar que no existían suficientes recursos hídricos como ponía de manifiesto un informe vinculante de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), tampoco se respetaron las condiciones que imponía la declaración de impacto ambiental de respeto al colindante parque de les Rodanes y, por último, la adjudicación de la urbanización se realizó "a dedo" y "sin la necesaria oferta pública".

El Valencia volvió a tramitar un nuevo plan que presentó en el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria en marzo de 2016 quien a su vez dio traslado, tal y como se prevé en el convenio rubricado con el ex alcalde Tarazona, a la Generalitat Valenciana para su visto bueno, como administración pública competente para dictaminar sobre este tipo de proyectos urbanísticos en los municipios.

Sin embargo, la Comisión de Evaluación Ambiental de la Generalitat rechazó en abril pasado tramitar el PAI de Porxinos al considerar que las características del plan presentado por el Valencia triplicaba en la práctica los límites de crecimientos previstos en Riba-roja de Túria. Ahora, con la nueva clasificación territorial propuesta se aumenta la protección sobre el paraje natural y se impide una actuación urbanística.

El equipo de gobierno de Riba-roja ha subrayado que el Ayuntamiento "ha cumplido escrupulosamente el convenio que en su día firmó el Partido Popular con los dirigentes del Valencia y con los responsables de la conselleria de Territorio cuyo conseller se halla actualmente en prisión por corrupción; es el triste epílogo a una proyecto que se inició sin consenso, con opacidad y a escondidas de la opinión pública a pesar de las advertencias de todas las instancias".

Un informe municipal exime al Ayuntamiento de Riba-roja de Túria del pago de los 25 millones de euros que reclama la empresa Litoral del Este por la anulación del PAI por parte del Tribunal Supremo al considerar que el consistorio cumplió con su obligación de tramitar un nuevo plan urbanístico.