El presidente Puig explicó el planLa Generalitat facilitará cajeros automáticos a 95 poblaciones valencianas que no disponen de sucursal bancaria. Es, en palabras del jefe del Consell, Ximo Puig, un "primer plan para intentar superar el aislamiento que sufren muchas personas cuando no tienen capacidad de tener servicios financieros básicos".
El presidente, que ha presentado el Plan contra la Exclusión Financiera de la Comunidad Valenciana,ha lamentado que la reestructuración bancaria de los últimos años haya convertido a los municipios pequeños en "los grandes afectados por la desaparición de oficinas".
Al respecto, Puig ha explicado que un reciente estudio del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) informa que, desde el 2017, el 2'7% de los valencianos y las valencianas ya no tiene acceso a una sucursal bancaria en su municipio, lo que supone que 135.000 personas no cuentan con servicios financieros de proximidad.
Por ello, el presidente ha considerado importante que la Generalitat llegue "donde no llega la banca comercial"para "luchar contra la despoblación".Es, según ha explicado Manuel Illueca, director del Instituto Valenciano de Finanzas(IVF), un "proyecto pionero en España", que afectará a 45.000 personas, que hoy no están conectados a "un servicio básico"como el financiero.
Al plan, impulsado por el IVF y la dirección general de la Administración Local,se han adherido 95 municipios, y, posteriormente, se prevé incorporar a las pedanÃas que lo soliciten.Hasta el momento las incorporadas son 37 localidades de la provincia de Castellón, 13 de la de Alicante y 45 de la de Valencia.
En las comarcas del Palancia y Mijares se colocarán en AlmedÃjar, Argelita, Ayódar, Castellnovo, Caudiel, Chóvar, Cortes de Arenoso, Espadilla, Fanzara, Fuentes de Ayódar, Geldo, Ludiente, Matet, Montán, Pina de Montalgrao, Sot de Ferrer, Teresa, El Toro, Vall de Almonacid y Villanueva de Viver.
La Generalitat alquilará los cajeros que ofrezcan las entidades valencianas por un periodo de 5 años y un coste estimado de mantenimiento y funcionamiento de 10.000 euros anuales por aparato.Para ello, licitará concursos para 4 lotes territoriales a los que podrán optar diferentes entidades financieras.
Por su parte, los consistorios adheridos a este plan, que se enmarca dentro de la Agenda Avant contra la Despoblación, deberán de poner a disposición un espacio municipal para garantizar la seguridad del propio servicio.
Además de este proyecto, que se pondrá en marcha en los próximos meses, se prevé para un futuro contrato o como mejora del mismo, ampliar el servicio a la creación de oficinas de asesoramiento financiero para estos municipios.
