Un joven pasa ante un edificio de apartamentos de Alicante. EFE-Morell-ArchivoLa Generalitat Valenciana ha presentado un recurso contra el Real Decreto del Gobierno que regula el Registro Único de Arrendamientos al considerar que vulnera las competencias autonómicas en materia de turismo.
El Gobierno valenciano se suma así a la decisión de otros gobiernos regionales como Andalucía, Canarias o Murcia, según ha informado este viernes la Generalitat en un comunicado.
La consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano, ha afirmado que el objetivo es "evitar el perjuicio al sector turístico" que, según ha dicho, "ya lo está notando por la repercusión dañina y los efectos negativos de su aplicación".
"Estamos a favor de eliminar el alquiler de alojamientos turísticos ilegales, pero consideramos que la norma no tiene las bases jurídicas y técnicas necesarias, como así lo ha ratificado también el dictamen del Consejo de Estado en el expediente 1926/2024", ha argumentado.
Cano ha explicado que el Gobierno valenciano está de acuerdo con el Reglamento de la Unión Europea sobre la recogida y el intercambio de datos relativos a los servicios de alquiler de alojamientos de corta duración y el fin que se persigue, pero "absolutamente en desacuerdo" con la ejecución del Gobierno de España.
De ahí que proponga "una normativa trabajada con las comunidades autónomas y que resuelva una problemática real", pues la aprobada por el Ejecutivo "impone duplicidades innecesarias y limita nuestra capacidad de actuación".
Según la consellera, el pasado 24 de febrero la Conselleria presentó un requerimiento previo para "corregir las disposiciones del decreto que vulneran la legalidad", pero el Gobierno "ha actuado con soberbia, sin ninguna voluntad de diálogo ni coordinación con los territorios", ha criticado.
La Generalitat quiere impedir que se creen duplicidades con los registros autonómicos ya existentes, y que se respete la competencia autonómica para actuar contra ofertas ilegales y ordenar la retirada de anuncios.
"Exigimos al Gobierno una vía real de diálogo para resolver este conflicto competencial, convocando urgentemente a las comunidades autónomas para abordar de forma conjunta la regulación del alquiler turístico", ha concluido.
