La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Susana Camarero. EFE-Manuel Bruque-Archivo
La Generalitat intensificará los controles en la adjudicación de viviendas de promoción pública, tanto públicas como privadas, para evitar situaciones como la ocurrida en Alicante, donde se han detectado supuestas irregularidades en la adjudicación de varias viviendas.
Asà lo ha anunciado este martes la vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Susana Camarero, quien ha destacado que la vivienda "es una polÃtica prioritaria" para el Consell y no van a "tolerar que se manche todo ese trabajo" que vienen realizado durante la actual legislatura.
En declaraciones a los periodistas durante su visita a la Fira de Sant Blai de Torrent (Valencia), Camarero ha destacado que desde que la semana pasada se dieron a conocer posibles irregularidades en la promoción de Les Naus de Alicante, se pusieron "a investigar y a actuar".
El pasado viernes pidieron al servicio territorial que confirmase que todas las personas que han comprado un piso de esa promoción tuviesen el visado que demuestra que cumplen las condiciones para ser propietarios de una VPO, y les confirmaron que asà era.
Sin embargo, ha dicho, "no quedándonos satisfechos, pedimos una investigación de cada uno de los expedientes", y ahà se descubrió que "hay un funcionario que ha podido cometer una irregularidad" y "aprovecharse de su condición de funcionario y del puesto que ocupa para beneficiar a un familiar en ese visado".
Esta persona, que lleva "muchos años" en la función pública y desde 2019 en la dirección territorial, ha sido suspendida cautelarmente de empleo y sueldo, y se le ha abierto "un expediente disciplinario por causas muy graves", al tiempo que este martes se han comunicado los hechos a la FiscalÃa.
Camarero, quien ha precisado que la Generalitat no distribuye, reparte ni adjudica esas viviendas, sino que solo revisa si las personas elegidas por el promotor, en este caso una cooperativa, reúnen las condiciones para ser beneficiarias de VPO, ha asegurado que van a ser "absolutamente contundentes".
"No vamos a tolerar que un funcionario público pueda hacer un mal uso de su capacidad de decisión o, en este caso, de visado. No vamos a tolerar tener una oveja negra dentro de la administración que pueda perjudicar a algo tan importante como es la vivienda pública en la Comunidad Valenciana", ha dicho.
La vicepresidenta ha avanzado que tras lo ocurrido van a "intensificar todos los controles" y se creará "una comisión de revisión de evaluación de los visados para reforzar todavÃa más los mecanismos" de control de las adjudicaciones de vivienda social por parte de las promotoras.
Además, se está valorando qué acciones poner en marcha para que en el momento en que se tengan que adjudicar las viviendas del Plan Vive, "haya más publicidad de la que está existiendo".
En este sentido, ha avanzado que se plantean crear un registro de demandantes de viviendas "por cada una de las promociones, para que sea absolutamente transparente qué personas se apuntan y cómo se adjudican por parte del promotor".
La idea es, según Camarero, "poner unas reglas más severas para que no pueda ocurrir ninguna irregularidad en ninguna de las adjudicaciones posteriores".
