Foto de familia tras el acuerdo.El President de la Generalitat, Ximo Puig, y la alcaldesa de Castellón, Amparo Marco, han firmado un protocolo de intenciones que permitirá la rehabilitación y utilización conjunta del edificio de los antiguos juzgados de la plaza Juez Borrull de Castellón para albergar, entre otras dependencias administrativas, los servicios sociales de ambas administraciones.
El acuerdo entre ambas instituciones públicas es "muy positivo" para la ciudadanÃa, ya que supone poner el patrimonio al servicio de la ciudadanÃa, según ha indicado el jefe del Consell, que ha explicado que la actuación se realiza "desde la perspectiva de la rehabilitación", que es también una de las "lÃneas estratégicas" del Gobierno valenciano.
En el acto también ha participado la vicepresidenta y consellera de Igualdad y PolÃticas inclusivas, Mónica Oltra, quien ha asegurado que "hoy comienza una nueva era para los servicios sociales en Castellón", asà como el conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, que ha destacado la voluntad de colaboración entre las administraciones local y autonómica para el mejor aprovechamiento del patrimonio público.
El protocolo incorpora el compromiso de la Generalitat de aportar el inmueble, valorado en más de seis millones de euros, y de efectuar la transmisión de la propiedad a favor del ayuntamiento a través de la fórmula jurÃdica que se defina mediante un convenio.
La Administración autonómica se encargará además de elaborar el proyecto de rehabilitación del inmueble, a través de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, en el que se tendrán en cuenta las aportaciones efectuadas por el Ayuntamiento. Asimismo, esta conselleria también asistirá en la dirección y ejecución de la obra de rehabilitación del inmueble.
Por su parte, el Ayuntamiento de Castellón se hará cargo de la contratación y financiación de las obras de rehabilitación, cuya dirección facultativa también asumirá, y también se encargará de efectuar la declaración de obra nueva y la división horizontal de la propiedad a favor de la Generalitat en la parte proporcional que le corresponda, una vez finalizada la obra y en función de la aportación realizada finalmente por cada parte.
A fin de garantizar un equilibrio de las aportaciones de ambas partes, el porcentaje de transmisión en favor de la Generalitat no podrá ser inferior a un 25% por ciento del total de la nueva edificación, en tanto que, en el caso del Ayuntamiento, este porcentaje no será inferior al 65%.
Además, ambas instituciones aceptan el compromiso de destinar la parte del edificio que les corresponda a albergar dependencias administrativas autonómicas y municipales, respetando en todo momento los fines públicos por los que se realiza este proyecto.
El edificio que albergaba los antiguos juzgados de la Plaza Borrull en Castellón lleva cerrado desde el año 2006, cuando la actividad se trasladó a la actual Ciudad de la Justicia. Se trata de un inmueble con una superficie construida en la actualidad de 11.680 metros cuadrados y valorado en más de 6 millones de euros.
Tal como ha explicado Puig, está previsto que las obras comiencen en 2018, si bien con anterioridad, y en un plazo máximo de diez dÃas, se constituirán dos comisiones mixtas entre el Ayuntamiento y la Generalitat destinadas a la redacción del convenio y del proyecto arquitectónico.
La firma de esta declaración de intenciones para el edificio de la plaza Juez Borrull se enmarca dentro del Plan de Activación del Patrimonio de la Generalitat, cuyo objetivo es que este "sea un elemento de desarrollo económico y social". "A través de los ayuntamientos y de otras instituciones vamos a intentar que ese patrimonio ocioso que existe sea un patrimonio que sirva al interés general de los ciudadanos y que active la economÃa", ha concretado el President.
El acuerdo prevé que, tras la rehabilitación, en el edificio Borrull se concentre la dirección territorial de la conselleria de Igualdad y PolÃticas Inclusivas, que hasta ahora se encontraba a las afueras de Castellón, asà como los servicios sociales municipales y la Biblioteca de las Mujeres.
En este sentido, la vicepresidenta y consellera de Igualdad y PolÃticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha asegurado que de este modo, "si una persona en Castellón tiene que hacer cualquier gestión relacionada con servicios sociales, tendrá concentrados los municipales y los de la Generalitat en un solo edificio".
Oltra ha añadido que la rehabilitación de este inmueble supone también una metáfora de la rehabilitación de los servicios sociales en Castellón, y ha insistido que se trata de una acción enmarcada en el tercer eje del Pacto del Botánico, que es el de gobernar para las personas. Se da asà "un paso más hacia la dignificación de los servicios públicos, la atención a las personas, la colaboración entre instituciones, el buen uso de los recursos y la gestión transparente y eficaz", ha dicho.
Por otro lado, el conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, ha asegurado que este proyecto "emblemático" evidencia la voluntad de cooperación entre la Generalitat y el Ayuntamiento de Castellón para que todos los inmuebles de titularidad pública sean aprovechados de manera óptima, a la vez que se mejorar el servicio a la ciudadanÃa facilitando el acceso a dependencias municipales y autonómicas mediante la unificación de su ubicación y la mejora de las condiciones de acceso.
