La Guardia Civil ha podido identificar a los responsables de la red. -EPDALa Guardia Civil de Alicante, en el marco de la Operación Savita, ha detenido a dos personas e investigado a otras tres por la presunta comisión de desalojos irregulares en viviendas por parte de una empresa de seguridad. Estos 'desahucios exprés' atendían al mismo procedimiento en las provincias de Alicante, Santa Cruz de Tenerife y Valencia.
La investigación se inició en Villajoyosa, cuando en agosto de 2021 se tuvo conocimiento de que en una vivienda de la localidad se había instalado una puerta 'antiokupa' a una persona que tenía un contrato de renta antigua. Los agentes supieron que entre la inquilina y el propietario de la vivienda existía un conflicto motivado por la vigencia de dicho contrato que la propietaria quería que venciera para poder subir el precio al inmueble.
Según las averiguaciones del instituto armado, la inquilina legal llegó a su domicilio y se encontró con una puerta instalada especialmente para evitar las ocupaciones ilegales y que no le dejaba acceder a su vivienda. Las primeras indagaciones relacionaron estos hechos con una empresa de seguridad especializada en el desalojo de viviendas ocupadas ilegalmente.
Según la manifestación del propietario del inmueble, contrató a una empresa mediadora en desalojos pero que, al llegar al domicilio encontró a persona distinta de la inquilina. Esta mujer, afirmó que la inquilina, presuntamente, le había vendido las llaves de la vivienda diciéndole que era propiedad del banco. El propietario, tras demostrarle que era el titular de la vivienda, firmó un contrato privado en el que la presunta okupa accedía de manera voluntaria al abandono del inmueble.
La historia contada por el propietario del inmueble hizo saltar las alarmas ya que había demasiadas similitudes con otro caso que había sucedido en Orotava (Santa Cruz de Tenerife), ocurrido en junio de 2021, con un documento firmado por la misma presunta okupa que renunciaba a la vivienda en cuanto llegaba "por casualidad" el propietario.
El formato del documento firmado entre particulares coincidía con el de Villajoyosa y además el nombre de la presunta okupa aparecía editado a ordenador; dato llamativo teniendo en cuenta que supuestamente se desconocía la identidad de la persona que había ocupado el inmueble.
La sospechas se confirmaron cuando la misma situación se produjo en una vivienda de Sagunto, en el que el allanamiento fue realizado por la misma mujer que formaba parte de las anteriores actuaciones objeto de la investigación.
Las pesquisas policiales concluyeron que en los tres casos el modo de proceder era coincidente. En el desalojo de las tres viviendas se simulaba una falsa ocupación, valiéndose de la misma persona que a su vez, fingía un engaño por parte de los moradores, quienes presuntamente le vendían las llaves de la vivienda.
Con la connivencia de los propietarios, la empresa mediadora realizaba vigilancias de los inmuebles al objeto de aprovechar la ausencia de los inquilinos. Al no encontrarse estos en la vivienda, la empresa accedía al interior y procedía a la falsa ocupación y posterior desalojo, dejando constancia de lo sucedido mediante la firma de un supuesto acuerdo entre particulares.
La Operación Savita se ha saldado con la detención de dos personas y la investigación de otras tres.
El 21 de febrero, en Arroyomolinos, se procedió a la detención de la mujer de 30 años y nacionalidad española que presuntamente ocupaba las viviendas. A la misma se le imputan los delitos de pertenencia a grupo criminal, coacciones, denuncia falsa y contra la inviolabilidad del domicilio.
El mismo día, se procedió a la investigación de la propietaria de la vivienda de Tenerife, una mujer española de 37 años a la que se le imputa un delito contra la inviolabilidad del domicilio y otro de coacciones.
Asimismo, se procedió a la investigación del propietario de la vivienda de Villajoyosa, un español de 69 años, al que se le imputa el delito de denuncia falsa, contra la inviolabilidad del domicilio y coacciones.
El 22 de febrero, en la localidad de Arroyomolinos, se procedió a investigar a un trabajador de la empresa especializada en desalojos, un varón español de 37 años al que se le imputa el delito de pertenencia a grupo criminal, coacciones y contra la inviolabilidad del domicilio.
Finalmente, el 23 de febrero, se procedió a la detención en Barcelona del dueño de la empresa investigada, tratándose de un varón español de 36 años, al que se le imputan los delitos de pertenencia a grupo criminal, coacciones y allanamiento de morada.
Ambas personas detenidas fueron puestas en libertad tras la toma de declaración en sede policial. Asimismo, las diligencias por los hechos investigados fueron puestas a disposición del Juzgado de Instrucción nº1 de Villajoyosa.
