Guardia Civil-EFE
Según consta en el mandamiento judicial remitido por la Guardia Civil al Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia, al que ha tenido acceso EFE, las supuestas subvenciones irregulares que se investigan se concedieron entre 2015 y 2018, pero "se observó que para la justificación de la subvención correspondiente a 2015 se solicitaron los gastos de producción, edición y emisión correspondientes al año anterior".
"Con el fin de comprobar los datos obrantes en la documentación aportada al juzgado, se hace necesario ampliar la información no incluida" y para ello se remite el referido mandamiento judicial a los servicios centrales de Cajamar, Bankia, Ibercaja y Caja Rural de Teruel.
La investigación judicial, que nace de una querella presentada por el PP, se centra en las subvenciones recibidas por varias empresas participadas por el hermano del president desde la Generalitat Valenciana, la Generalitat de Catalunya y el Gobierno de Aragón.
En la causa abierta por un supuesto delito de prevaricación constan como investigados tanto Francis Puig como el director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano.
El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia ya reclamó más información a los gobiernos valenciano, catalán y aragonés, así como a Hacienda sobre la contabilidad de varias mercantiles para investigar varios tipos de subvenciones concedidas entre 2015 y 2018 por parte de los citados ejecutivos.
En concreto, se investigan subvenciones para el fomento del valenciano, para el fomento del empleo joven, para la edición de medios informativos digitales en catalán o en aranés y ayudas Leader para el desarrollo local.
