Un recolector de naranjas. EFEEn año y medio la Guardia Civil ha llevado a cabo 55 operaciones contra la trata con fines de explotación laboral, ha detenido a 119 personas y ha liberado a 344 víctimas que, en su mayoría, trabajaban de sol a sol, vivían en condiciones infrahumanas y eran controladas por redes que se quedaban con la casi totalidad de su salario.
Aunque las cifras de esta trata en España son menos abultadas que las de explotación sexual, las fuerzas de seguridad no bajan la guardia para poner freno a una actividad que somete a decenas de trabajadores a una situación casi de semiesclavitud.
No baja la guardia la Sección de Trata de Seres Humanos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que en poco tiempo ha llevado a cabo dos importantes operaciones contra redes de explotación laboral a trabajadores del este de Europa, sobre todo de Moldavia, Rumanía y Bulgaria.
Unas operaciones que se suman a la estadística del instituto armado de los últimos meses. Según los datos a los que ha tenido acceso Efe, el pasado año la Guardia Civil llevó a cabo 1.602 inspecciones en su lucha contra la trata e informó a 9.019 víctimas potenciales, de las que 4.530 eran personas explotadas laboralmente.
En total, en 2019 se llevaron a cabo 43 operaciones contra la trata laboral, con 100 detenidos y 282 personas liberadas.
Mientras, en lo que va de año y solo en trata laboral se han realizado 298 inspecciones, informado a 1.035 potenciales víctimas y ejecutado 12 investigaciones, con 19 arrestados y 62 personas liberadas.
Son víctimas captadas por las redes para trabajar de temporeros en las campañas de la fresa en Huelva, de la mandarina en Castellón, de la fruta de hueso en Lleida o de los arándanos y fresas en Galicia, comunidad donde han diversificado su producción algunos empresarios agrícolas onubenses.
LA CAPTACIÓN
¿Quién capta a estos temporeros? Según explican a Efe los responsables de la Sección de Trata de Seres Humanos de la UCO, lo más habitual es que sea a través de organizaciones delictivas de rumanos que previamente han constituido una empresa de trabajo temporal (ETT) para suministrar trabajadores a las explotaciones agrarias.
En los países de origen (Rumanía, Bulgaria y Moldavia), la red ofrece a sus potenciales víctimas un trabajo digno en España y les promete que dispondrán de casa para ellos y sus familias, con luz, agua, electrodomésticos... y un buen salario.
Ni dudan en aceptar la oferta, porque las condiciones en las que viven en su país son mucho peores, incluso para personas con una formación superior. Hasta médicos y profesores han caído en las garras de esas redes.
En el caso de los moldavos, subrayan las fuentes, muchos de los que traen estas organizaciones, previo paso por la región portuguesa de Alentejo para la campaña del aceite y del vino, son analfabetos.
Al ser extracomunitarios no pueden trabajar en España, por lo que la red les facilita una documentación falsa como rumanos y les obliga a memorizar ese nuevo nombre y filiación. Así, podían acreditar una situación de estancia regular en España.
Como el 80 por ciento de la población moldava habla rumano, no es fácil para las fuerzas de seguridad españolas diferenciarlos.
En general, captan a personas en situación muy precaria, como a dos menores rumanos, casi niños, cuya madre había muerto de cáncer recientemente y cuyo padre cobraba una prestación en su país que no le daba para vivir.
LA ESTANCIA EN ESPAÑA
Una vez trasladados a la zona donde van a trabajar, los temporeros víctimas de esas redes se encuentran con algo totalmente diferente a lo que se les había prometido.
Hacinados en especies de barracones o viejas tiendas de campaña, con letrinas donde cubrir sus necesidades fisiológicas que no guardan las más mínimas condiciones higiénicas y de salubridad, trasladados al tajo en furgonetas a las que se han retirado los asientos traseros para que quepan hasta quince personas sentadas en cajas de botellas...
Son solo algunos ejemplos de esas condiciones de semiesclavitud a las que son sometidos por los "capataces" de esas ETT intermediarias con los empresarios, que en muchos casos desconocen la situación en la que viven sus temporeros.
La ETT engaña a los trabajadores y les obliga a que le entreguen su documentación y sus tarjetas de crédito (los temporeros tienen que abrir una cuenta corriente para que la empresa les ingrese el salario) bajo el engaño de que es la única forma de que puedan cobrar.
Así, cuando el empresario les ingresa el dinero, inmediatamente los miembros de la red sacan del cajero o de la cuenta de la víctima la práctica totalidad del salario (entre 1.500 y 2.000 euros), se quedan con ella y apenas le dan al temporero entre 20 y 40 euros para la semana.
De este modo, según han explicado a Efe los investigadores de la UCO, una de las organizaciones desarticuladas por esta unidad llegó a embolsarse unos 5 millones de euros en seis años con esta práctica.
Con suerte, las víctimas pueden disponer de algún dinero, aunque escaso, pero en alguna ocasión los "capataces" creadores de estas ETT llegan a descontarles del sueldo gastos de los que no les habían avisado cuando les captaron.
Para traerles a España les prometieron que la estancia y los traslados estaban incluidos, pero a la hora de la verdad les restaban esos gastos hasta el punto que en el final de la cuenta, el saldo era negativo para la víctima.
UCO: DOS GRANDES OPERACIONES EN SEIS MESES
En seis meses, la UCO ha llevado a cabo dos importantes operaciones contra esta trata. En octubre, informaba de la detención en Jaén, Huelva, Córdoba, Badajoz y Albacete de 16 miembros de una red que captaba a víctimas para explotarles en el cultivo de la fresa, la aceituna o la uva en distintos puntos de España y Portugal.
Los investigadores detectaron a 145 víctimas y liberaron a 18, aunque se estima que la organización llegó a controlar a más de 600. Sus miembros disfrutaban de un alto nivel de vida y podrían llegar a facturar mensualmente más de un millón de euros de las empresas en las que las víctimas se encontraban desarrollando su actividad laboral.
Unos meses más tarde, en febrero de este año en la operación Bravo, el grupo de la UCO desarticuló una organización, liderada por un matrimonio rumano, que habría captado y trasladado a España en los últimos años a más de mil personas para explotarlas y lucrarse del trabajo de estas.
La Guardia Civil consiguió liberar a 61 víctimas y volvió a constatar las condiciones infrahumanas en las que vivían mientras trabajaban en la campaña de los cítricos en Valencia, Castellón y Lleida. Hasta 25 personas convivían en tres habitaciones y una cocina común.
Y muchas veces, como lamentan los investigadores consultados por Efe, son víctimas de una doble trata, ya que en ocasiones las mujeres captadas también son explotadas sexualmente.
