La hija de Sancho niega información al PSPV de Canet d'En Berenguer sobre los concursos en los que participaron su padre y madre

La funcionaria Carmina Sancho, hija del ex secretario municipal, José Antonio Sancho, en prisión sin fianza desde hace cuatro semanas, se ha negado a entregar al PSPV los expedientes sobre los procesos de contratación con la Academia Valenciana de Juristas en los años 2011 y 2013, en los que tanto su padre como su madre fueron invitados a un concurso negociado sin publicidad. Precisamente la AVJ está en el centro de la investigación de la Fiscalía y ahora el juzgado sobre la presunta trama de las asesorías, en la que podrían estar implicados funcionarios y políticos de varios municipios valencianos. Además, se da la circunstancia de que tanto Carmina Sancho, como Salvador Vidal -la mano derecha de Sancho en el Consistorio- están en el departamento de Contratación, desde donde se iniciaron todos los trámites administrativos para darle el contrato a la AVJ.

Se da la circunstancia de que Carmina Sancho no ha hecho caso ni al alcalde, Leandro Benito, quien tras las quejas del PSPV acompañó ayer a su concejala y, ni en este caso, le entregó la documentación requerida. Tampoco tuvo en cuenta el informe que su padre secretario había realizado a favor de la entrega de documentación a los concejales que la solicitaran.

La AVJ lleva los asuntos jurídicos del Ayuntamiento desde que gobernaba Enrique Altabella (EU) y ganó dos concursos organizados en el año 2011 y en el 2013.

Este último, gobernando ya el PP, se presentaron tres ofertas. Junto a la AVJ, que resultó ganadora, se presentaron también la propia mujer del secretario, Amparo González, así como Ignacio Sancho Moscardó, imputado en el juzgado número 3 de Massamagrell y quien, a su vez, fue uno de los socios fundadores de la AVJ, así como de Asesores Profesionales, dos entidades que están en el punto de mira de la investigación iniciada en Canet d'En Berenguer y extendida a otros municipios.

Aunque el procedimiento se ha realizado aparentamente según marca la ley -se han presentado las tres ofertas preceptivas-, fuentes jurídicas pusieron el acento en las vinculaciones de las otras dos personas, como la esposa del secretario municipal -quien también es socia de Sancho en su empresa José Antonio Sancho Abogado SLP- o el fundador de la propia Academia, Ignacio Sancho Moscardó, junto a Ramón Llopis Cotanda y Jesús Gilabert Mengual. Estos tres fundaron, a su vez, Asesores Profesionales, que recibió una concesión del Ayuntamiento y que, al mes y medio cedieron, a su vez, a un supermercado, para hacer un parking, operación por la que se embolsaron más de 60.000 euros. Además, también crearon la Academia Española de Juristas, que nombró a Sancho presidente de honor.

Curiosamente en el año 2011 se realizó un concurso similar, tras aprobarse por resolución de alcaldía de 18 de abril de 2011 los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas que ha de regir el procedimiento negociado sin publicidad para la adjudicación del contrato de asistencia jurídica a este Ayuntamiento''.

En aquella ocasión, llama también la atención que optaron a este servicio, además de la AVJ -que resultó ganadora- el propio Sancho a través de su empresa, José Antonio Sancho Abogado SLP -firma que contó como socio al hijo del ex secretario y jefe de la Policía Local, José Antonio Sancho González-, así como José Antonio Yvorra Limorte. Precisamente éste también figuró en el concurso parecido que tuvo lugar en La Pobla de Farnals antes de abandonar el poder la alcaldesa tránsfuga, Natividad García, también imputada, junto a Sancho y otros, entre ellos el también encarcelado Rafael Parra, en el juzgado número 3 de Massamagrell.

La Academia Valenciana de Juristas -que para el fiscal es una empresa más de José Antonio Sancho- utilizó en la localidad del Camp de Morvedre la misma ''artimaña'' que en La Pobla de Farnals para conseguir un contrato con el Consistorio para asesorarlos jurídicamente, amén de 12.000 euros que se embolsó José Ignacio Maruenda Peñuela, a la sazón secretario de la AVJ, por asesorar supuestamente a una veintenade inmigrantes.