Paco Novella. La imputación mantenida conÂtra la Infanta Cristina en el caso Nóos no sólo responde a criteÂrios "objetivamente" penales sino que, aprovechando la debilidad de la MonarquÃa irreversiblemenÂte dañada, también es una forma subjetiva que pretende subvertir el orden polÃtico y jurÃdico actual bajo el paradigma de un sistema republicano casi considerado por algunos como un lugar idÃlico donde nunca sucede nada y que puede cambiar y transformarse de tanto en tanto
La Infanta y su marido, aunque gocen de la presunción de inocenÂcia, despiertan no sólo el rechazo social y la antipatÃa-también canÂsancio y hartazgo- sino también el aborrecible hastÃo pues hay datos suficientes para creer que el Instituto Nóos, dirigido por ellos, malversó el dinero procedente de la Administración y que se les dio más por ser ellos que por haber alÂcanzado méritos suficientes para captar esos fondos públicos cuyo destino era desconocido aunque luego aparecÃa en forma de palaÂcete en Pedralbes y apartamentos en Mallorca y en otros lugares también producto del uso frauÂdulento del Instituto Nóos que en principio ejercÃa públicamente su labor bajo el tÃtulo del teórico " sin ániÂmo de lucro", más una excusa que una verdadera y leal obÂservancia de la ley.
Al ser preguntado el que fuera ministro en el gobierno de Aznar y presidente también de las BaleaÂres, Jaume Matas respondió con total tranquilidad que habÃa adjuÂdicado ese dinero a los proyectos de Iñaki UrdangarÃn porque era "Él" y no otro quien querÃa captar aquellas subvenciones públicas presumiblemente legales aunque luego se servirÃan de todo un enÂtramado para "lavarlas"y presenÂtar su trabajo y dedicación en una apariencia altruista después vista como ilÃcita
Este extremo quizá es el que provoca doblemente el escándalo y la comprensible y consecuente alarma social al creer que el Jefe de Estado y su familia son quieÂnes primero han de cumplir la ley y aparentar que todo es normal, dirÃase casi correcto.Al no hacerÂlo, no sólo se ha roto esa aparente "intocabilidad" del Rey sino que también ha sometido al juicio púÂblico la forma de Estado y la coÂrrespondiente vigencia de la ConsÂtitución actual de 1978.
