El interventor, a la derecha.La inoperancia del departamento de Intervención del Ayuntamiento de Sagunt es de tal magnitud que están pagando a los proveedores a más de 100 días. Los afectados se cuentan por cientos y se incumple de manera flagrante la Ley de Morosidad, que obliga a las administraciones públicas a pagar en 30 días. Se da la circunstancia de que en dicho departamento hay 7 personas, entre ellas un interventor y una viceinterventora y otros cinco funcionarios. El incumplimiento de la ley obliga al Consistorio a pagar intereses de demora, una circunstancia que también incumple el interventor, Sergio Pascual, y su nutrido equipo de técnicos. Desde El Periódico de Aquí se quiere dar voz a todas aquellas empresas y comercios que estén sufriendo asfixia económica por culpa del Consistorio, a través del teléfono 96.266.56.71 y el mail morvedre@elperiodidodeaqui.com. De manera confidencial, se irán publicando aquellos casos más dramáticos.
Según ha podido constatar El Periódico de Aquí los retrasos han vuelto a estar a la orden del día a pesar de ponerse en marcha la Ley de Morosidad, que precisamente se impulsaba para agilizar los pagos de las administraciones públicas a sus proveedores. La norma marca 30 días máximo una vez la factura entra en el sistema electrónico FACE, un invento que se hacía para agilizar el pago. Una vez la factura está ahí, el técnico y concejal de turno le deben dar el visto bueno y a continuación es cuando entra el interventor y su cohorte funcionarial. Por último, el tesorero le da al botón de pago. Pues pese a la ley, en estos momentos el Consistorio está pagando a más de 100 días a numerosos proveedores.
Se da la circunstancia de que la Ley de Morosidad, que fue modificada en abril de 2018, obliga a las administraciones públicas a abonar las facturas de sus proveedores a los 30 días de haber sido registrada. Esta ley trataba de evitar los males del pasado, que habían hecho que las administraciones, especialmente los ayuntamientos, llegaran a acumular meses e incluso años de retrasos en el pago a sus proveedores, causando el cierre de miles de empresas y el hundimiento de miles de autónomos por toda España. Con tal motivo, en el último gobierno de Rodríguez Zapatero se aprobó un Plan de Pago a Proveedores que vino a dar oxígeno a las empresas que habían conseguido mantenerse en pie.
Precisamente para evitar aquella dramática situación que se vivió desde 2008 y hasta 2013-14 se aprobó la mencionada Ley de Morosidad, una norma que se ha convertido en papel mojado para muchas administraciones, especialmente para este Ayuntamiento, que es incapaz de cumplir con lo que marca la ley y pagar a 30 días sus obligaciones con los proveedores.
A esta circunstancia, se une otra igual o más sangrante, como es el hecho de que no paga intereses de demora, como marca la ley, cuando incumple los plazos de liquidación de las facturas. De manera que si un proveedor quiere cobrar dichos intereses de demora, hay que exigirlos por registro de entrada e incluso a acudir a los tribunales. Por el contrario, se da la cirscunstancia de que si el vehículo de un proveedor con el que el Ayuntamiento tiene una deuda, recibe una multa de la Policía Local, automáticamente se descuenta de la deuda que mantiene el Consistorio con el cliente.
Los dos cargos que más cobran del Consistorio, entre los funcionarios, son el secretario municipal, con un sueldo de 97.540 euros anuales y en segundo lugar está el propio interventor, que se lleva 84.440 euros anuales. Cobra más que el presidente del Gobierno y tiene ayuda de una viceinterventora y otros cinco funcionarios. Siete en total para que cientos de proveedores cobren tarde. Y sin intereses de demora.
Para que un Ayuntamiento funcione bien es imprescindible que trabajen correctamente los políticos, por un lado, elegidos democráticamente para dirigir durante 4 años la casa de todos que es un Consistorio, y lógicamente los funcionarios, los técnicos que han aprobado unas oposiciones y se supone que saben. Sin embargo, a la hora de recibir críticas públicas, sólo los políticos están expuestos al pim-pam-pum de los medios de comunicación y la sociedad. Políticos que, en muchos casos, es verdad, se lo merecen. Ejemplos hay en todos los municipios y Sagunt no es una excepción. Sin embargo, ¿qué sucede cuando son los funcionarios los que no hacen bien su trabajo? Pues que apenas reciben la crítica constructiva pertinente ni correctiva cuando incumplen sus obligaciones o incluso la ley. La vara de medir no es la misma para unos que para otros. Los políticos están mucho más expuestos a la crítica y cada cuatro años, además, pasan el examen de las elecciones. Pero, ¿Y los funcionarios? Plaza fija de por vida pese a que algunos no están a la altura. Lo hemos visto en el departamento de Comunicación históricamente, pero también en otros más importantes, como el de Intervención. En este caso, el interventor, pese a cobrar más que el presidente del Gobierno, incumple la Ley de Morosidad que obliga a pagar a 30 días a los proveedores. Al interventor y la viceinterventora, con otros 5 funcionarios a su cargo, se les acumulan las facturas por pagar superando los 100 días. ¿Y qué es lo que sucede? Nada. Porque están por encima de los políticos y nadie ni nada les hace pagar por incumplir la ley. Seres intocables que están por encima del bien y del mal pese a ganar un pastizal.
