Compromís denunció esta semana que el PSOE de Alboraya, con su alcalde Miguel Chavarría al frente, está encubriendo y justificando la acción política del anterior alcalde, Manuel Álvaro, para poder continuar gobernante. Estas declaraciones tuvieron inmediata respuesta por parte de los socialistas, quienes acusaron a la formación nacionalista de intentar "sacar algún rédito electoral de estos temas, para lo que no dudan en intentar desprestigiar y oscurecer la acción del PSOE en el gobierno", señalaron.
Según la versión de Compromís, "la creación de una comisión de investigación por un acuerdo tomado entre PP y PSOE, a estas alturas de legislatura y con la necesidad imperiosa de Chavarría de los votos del PP para gobernar en Alboraya, es un claro ejemplo", afirmaron. Añadieron que "la filtración de parte del contenido de esa comisión, donde según el PSOE no habría responsabilidades del exalcalde popular, formaría parte de esa estrategia de los socialistas para continuar gobernando". La formación recordó que el PSOE tiene sólo 5 de los 21 concejales del pleno de Alboraya, y 8 el PP, que les da mayoría. Los otros 8 se distribuyen en Compromís (3), UPPA (3) y Cialbo (1), y el grupo de no adscritos (1).
Los socialistas se defendieron de estas acusaciones asegurando que el Pleno, a propuesta del alcalde Miguel Chavarría, aprobó una comisión especial que aclarase las dudas manifestadas por Compromís en relación a algunos asuntos gestionados por el exalcalde del PP y la actuación del gobierno actual a este respecto tras recibir el informe encargado a principio de la legislatura a un abogado. En el pleno "quedó patente que si la comisión lo considera conveniente y se encuentra algo nuevo que pueda suscitar dudas sobre la legalidad de las actuaciones del gobierno anterior, se hará la valoración jurídica externa correspondiente y se aportarán al juez las conclusiones pertinentes".
Según las fuentes, lo que se pone a disposición de todos los grupos es la documentación completa contenida en los expedientes correspondientes para aclarar cualquier duda en cuanto al contenido de los mismos y la actuación del gobierno al respecto. Dichos documentos ya fueron puestos a disposición del juez y se explica pormenorizadamente a los grupos políticos su contenido, aclarándose los errores detectados en el informe inicial.
La opinión del gobierno "es y ha sido siempre que, mientras no haya nada nuevo que aportar a la causa, se debe dejar trabajar a la justicia y esperar a que el juez se pronuncie. Si se abre juicio a Manuel Álvaro el Ayuntamiento como tal, con el apoyo del Pleno, se presentará como perjudicado", concluyeron.
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