LA JUBILACIÓN A LOS 67 Y LA DERECHA

Debemos agradecer a las históricas luchas de los trabajadores que nos precedieron las condiciones laborales que hoy tenemos. Éstas eran mucho peor que las actuales, sólo tenemos que recordar las interminables jornadas de trabajo o la escasez de días festivos en el calendario del siglo XIX.

Otro logro, nada desdeñable tampoco, es el que concierne al hecho de poder disfrutar de una jubilación remunerada cuando se ha cotizado el tiempo suficiente. En España, actualmente, se puede solicitar cuando se han cumplido los 65 años. Pero, el ejecutivo desea ampliar la edad legal a los 67. Es aquí donde se origina un debate que deberá ser ideológico por un lado, pero también técnico por otro.

¿Ideológico por qué? Evidentemente, la izquierda y la derecha (dejando a un lado siglas políticas) deben actuar de manera distinta, cuando no diametralmente opuesta, a los diferentes problemas que pueden aparecer. Recientemente se ha visto la manera de actuar del PSOE frente a la crisis económica. No ha nacionalizado sectores estratégicos de producción para asegurar la distribución de objetos básicos a la ciudadanía; no ha pedido un esfuerzo considerablemente mayor a las rentas más altas y, ni mucho menos; ha optado por nacionalizar la banca, aunque si utilizó dinero público para salvar a los bancos. No hay que ser un gran conocedor de las ideologías para saber que esa forma de actuar es la que corresponde a la derecha. Como bien señalé al principio del artículo fueron los trabajadores con sus luchas los que consiguieron mejoras laborales. De no ser por estas luchas los empresarios no habrían reducido voluntariamente sus beneficios. En términos ideológicos puede representarse así: los trabajadores organizados velando por sus intereses (la izquierda) y los empresarios y gobiernos liberales cómplices de turno (la derecha) deseaban cosas distintas, pero el inicio del conflicto forzó la negociación.

Hasta aquí, brevemente, el debate ideológico se podría dar por concluido. ¿Qué pasaría en lo concerniente al debate técnico? Pues resulta que, muy concienzudamente, se ha extendido la idea que frente al envejecimiento de la pirámide poblacional no existe otra solución que ampliar la edad de jubilación. Es decir, se arguyen argumentos demográficos aunque  los estudios que los amparan son de instituciones bancarias, como el BBVA o el Banco Santander, cuyas posiciones son más que conocidas. Parece concluirse que si en el año 2007 se dedicaba el 8,4% del PIB a pagar las pensiones de los jubilados, en el año 2060 el coste de dichas pensiones pasarían a ocupar el 15,2% del PIB. Este motivo parece ser suficiente para que el cártel de voceros oficiales

de los intereses de la clase empresarial del país proclame, sin dejar margen a la duda, que la reforma se debe acometer cuanto antes. No obstante, existe replica a este argumento, pese a que no se le dé, ni de lejos, la misma repercusión mediática. Resulta que, como apunta el profesor Vincenç Navarro en un reciente artículo suyo, si la productividad laboral creciera lo que se estima que debiera hacer, evidentemente también aumentaría el PIB, se entiende que porcentualmente a dicha productividad laboral. Por lo tanto, aunque en un futuro se debiera dedicar una mayor cantidad del PIB a satisfacer la cantidad demandada en las pensiones de jubilación, el PIB sería también mayor, por lo que podría hacerse sin ningún problema. Por otra parte, si la productividad del país se estancara de tal modo que no fuera capaz de soportar las pensiones futuras, mayor motivo de preocupación debería ser, sin duda, analizar el porqué de ese estancamiento.

Así pues, un gobierno mal llamado socialista se encarga de satisfacer sistemáticamente los intereses de los empresarios y poderes fácticos económicos del país que encuentran irresistiblemente rentable los efectos de esta medida. El otro partido se frota las manos porque le están haciendo los demás el trabajo sucio. Mientras los trabajadores van a tener que esperar dos años más para disfrutar de la merecida jubilación. Esto puede llegar a ser aceptable para un oficinista pero jamás, por ejemplo, para un obrero de la construcción.