El exvicealcalde de València, Alfonso Grau, uno de los investigados en esta causa. EFE-Manuel Bruque-Archivo
La titular del Juzgado de Instrucción número 13 de València, que dirige el conocido como caso Azud, ha nombrado a cinco funcionarios de la Agencia Valenciana Antifraude para que presten ayuda a los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en esta "voluminosa" causa.
Según consta en una providencia del pasado mes de mayo, a la que ha tenido acceso EFE, la jueza ordena que se dé traslado a estos funcionarios "de los antecedentes necesarios del presente procedimiento para que lleven a cabo un informe técnico económico financiero en relación a los expedientes de contratación, proyectos, contratos y negocios objeto de la investigación".
Concretamente, encarga a estos técnicos que analicen "la forma y modo en que se llevó a cabo la adjudicación a la UTE Saneamientos de Valencia del contrato de Gestión del Servicio de Limpieza y Conservación del Sistema Municipal de Saneamiento de fecha 28 de noviembre de 2006 y su ejecución en el periodo de los años 2007 al 2012".
También habrán de analizar el conocido como PAI El Espartal en Xixona, el proyecto de desarrollo y actuaciones conexas del plan especial del desierto de Les Palmes de Benicà ssim y el plan de urbanización de La Capella de Burjassot.
"Todo ello a la vista de las irregularidades existentes y puestas de manifiesto en todas y cada uno de los citados proyectos para su análisis forense en auxilio a los funcionarios de la UCO", agrega la jueza en su escrito.
Esta decisión ha sido objeto de oposición por parte de la defensa de la empresaria Mónica Montoro, que ejerce Vicente Grima, y que sostiene que estos técnicos de Antifraude están inhabilitados para intervenir como peritos en la causa porque "concurre una palmaria falta de imparcialidad".
Esta se sustenta, según esta parte, en el hecho de que el director de la Agencia Antifraude, Joan Antoni Llinares, es uno de los "socios constituyentes" de la entidad Asociación CÃvica contra la Corrupción, que ha intentado personarse en la causa.
"Las estrechas relaciones del director de esa Agencia con esa asociación creemos que impiden la intervención como peritos en esta causa de los funcionarios designados, en los que no concurre la apariencia de objetividad e imparcialidad necesaria para ello. Sin duda hay otros funcionarios y/o profesionales que pueden realizar la pericial que se pretende, no afectados por esas circunstancias", concluye Grima en su escrito.
La defensa del constructor Jaime MarÃa Febrer, que ejerce Manolo Mata (exsÃndic del PSPV-PSOE en Les Corts y ex "número dos" de Ximo Puig en este partido), ha pedido a la jueza instructora que le remita "la resolución judicial que recabó el apoyo de la Agencia Valenciana Antifraude", a fin de averiguar cómo se justificó esta decisión y argumentar su recurso a la misma.
En el caso Azud se investiga una supuesta trama corrupta de sobornos y comisiones ilÃcitas a cambio de la adjudicación de grandes proyectos inmobiliarios y contratos públicos y tiene entre sus considerados cabecillas a empresarios, abogados y polÃticos y ex altos cargos del PP y PSPV.
La actividad de esta organización se desarrolló entre 1999 y 2013, si bien algunas de las operaciones o negocios ilÃcitos no llegaron a fraguar o están considerados prescritos.
La ingente documentación intervenida en papel y documentación informática existente en la causa ocupa 290 tomos en papel más siete discos duros de 3 TB cada uno.
En el desarrollo de la investigación, en la que constan como investigadas más de 60 personas por el momento, se han practicado 44 registros y se han librado 15 requerimientos, asà como una Orden Europea de Investigación, y una comisión rogatoria a los Estados Unidos.
