El Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia ha concluido la instrucción de una de las piezas separadas del "Caso Vaersa" y ha acordado el procesamiento de los dos exdirectores de esta empresa púbica dependiente de la Generalitat Valenciana por autorizar el pago del complemento de productividad de más de 1,8 millones de euros a varios trabajadores entre los años 2007 y 2011 sin el visto bueno del Consell.
Según el auto de Procedimiento Abreviado, que pone fin a la instrucción y deja la causa preparada para la celebración de juicio, concurren "indicios racionales" de que Felipe Espinosa y Enrique Simó podrían haber cometido un delito de malversación de caudales públicos y otro de prevaricación administrativa por "las irregularidades cometidas en el abono de la productividad a los empleados de la entidad pública Vaersa (…) vulnerando la legalidad vigente".
Lo hicieron, señala la resolución, "con conciencia plena de la ausencia de autorización por parte del Consell para proceder al abono correspondiente, tal y como exigen las leyes de presupuestos anuales de la Generalitat Valenciana".
La instructora explica que en el ejercicio 2007, el entonces director general, Espinosa, adoptó la decisión de repartir con cargo a los fondos públicos de la entidad 367.000 euros entre diferentes empleados.
Lo hizo, según recoge el auto, "pese a no contar con la debida autorización del Consell (…), presuntamente a sabiendas de que no existía dicha autorización, actuando al margen de la legalidad vigente y con conciencia plena de ello y con perjuicio para las arcas públicas".
De la misma manera actuó en 2008, cuando repartió 416.00 euros; en 2009 el importe ascendió a 478.000 y en 2010 distribuyó 502.000.
La misma práctica la mantuvo en 2011 la persona que le sucedió en la dirección de la empresa, Enrique Simó, que repartió con cargo a los fondos públicos más de 62.000 euros.
Los dos exdirectores fueron perceptores de esos fondos repartidos de forma supuestamente irregular. Espinosa cobró cerca de 60.000 euros. Simó, 48.000.
El auto de procedimiento abreviado pone fin a la instrucción y supone dar traslado al fiscal para que diga si procede el archivo de la causa, la apertura de juicio oral o la práctica de diligencias complementarias.
En el supuesto de que el Ministerio Público entienda que debe celebrarse juicio porque hay indicios de delito, presentará el correspondiente escrito de acusación, en el que realiza un relato de cómo cree que sucedieron los hechos y concreta el delito que imputa al acusado y la pena que solicita para él.
Cumplimentado este trámite, la instructora dictará auto de apertura de juicio oral y dará traslado de la acusación del fiscal a los abogados de los acusados para que, a su vez, presenten sus escritos de defensa.
Además del auto de Procedimiento Abreviado, la magistrada instructora, ha dictado otro auto en el que acuerda sobreseer la causa respecto de laexconsejeradelegada y actual presidenta de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Maria Ángeles Ureña, que fue imputada después de que uno de los exdirectores afirmara que ella había autorizado verbalmente el abono de los sobresueldos.
La jueza considera que los hechos supuestamente delictivos "se produjeron al margen de cualquier tipo de intervención por parte de la señora Ureña Guillém, al no haberse podido vislumbrar ningún tipo de participación en los hechos objeto de imputación".
En el "Caso Vaersa", Instrucción 15 investiga desde junio de 2014 a dos exdirectores de esta empresa pública, (Enrique Simó y Felipe Espinosa Bolaños), a la exdirectora de recursos humanos, Ana Bayarri y al abogado Vicente Bru, imputados en distintas piezas separadas por delitos de prevaricación y malversación relacionados con el pago de sobresueldos, irregularidades en la contratación de vehículos y el pago de minutas millonarias a un abogado sin mediar contrato.
