"Valencia es una ciudad honesta, con gente honesta y gente trabajadora, y los casos de corrupción y los imputados no nos representan ni a los ciudadanos ni a la realidad de esta ciudad. Todo lo que está saliendo a la luz son rémoras del pasado, y por eso desde el gobierno del Ayuntamiento vamos a actuar con la máxima cautela, pero al mismo tiempo con la máxima contundencia", ha afirmado el portavoz del equipo de gobierno, Jordi Peris, tras la reunión de la Junta Local de Gobierno en la que se ha acordado la suspensión cautelar de empleo y sueldo con efecto inmediato del asesor del Grupo Municipal Popular, Luis Salom, y se ha anunciado que se pedirá la dimisión y que entreguen el acta a todos los concejales que tras comparecer ante el Juez continúen imputados.
Las peticiones de dimisión se formalizarán a medida que los concejales vayan testificando ante el Juez y continúen como imputados en la denominada Operación Taula. "Este Ayuntamiento no puede soportar ni un minuto más ninguna mancha de corrupción por respeto a la democracia y a la decencia de esta ciudad, y por eso hemos tomado estas decisiones", ha puntualizado Peris..
El concejal ha dicho que se ha diferenciado la situación de los asesores del Grupo Popular y de los concejales de este Partido en el Ayuntamiento. "En el caso de Luis Salom su imputación ha sido confirmada tras comparecer ante el Juez, por lo que hoy en la Junta de Gobierno Local hemos confirmado la decisión de proceder a abrirle un expediente disciplinario". También ha distinguido este caso del de Mari Carmen García Fuster, "en el que el mismo Grupo Popular pidió su cese, pero en el de Luis Salom no ha sido así, aunque se lo habíamos pedido, y por lo tanto nosotros, tal y como nos habíamos comprometido, hemos procedido a abrir un expediente disciplinario ante la relevancia y la gravedad de los hechos, ya que tiene abierta una causa penal".
Ha afirmado que a Salom se le ha aplicado el Régimen Disciplinario General para los funcionarios, que también es aplicable al personal eventual. "Se abre un expediente disciplinario que queda paralizado hasta que se haga público el judicial, pero la decisión que hemos tomado hoy es proceder la suspensión cautelar de empleo y sueldo con efecto inmediato".
Según Peris, "este es el criterio que vamos a seguir con todos los asesores imputados, No queremos tomar ninguna decisión con precipitación, y por tanto vamos a esperar a que vayan compareciendo ante el Juez para aplicar el mismo criterio que a Salom".
Respecto a los concejales del Grupo Municipal Popular, se mantiene el criterio que se anunció la semana pasada: "Conforme vayan compareciendo ante el Juez y se vaya confirmando su imputación les pediremos la dimisión y que entreguen el acta de concejales, como única salida mínimamente decente ante la situación escandalosa y abrumadora que estamos viviendo en el Ayuntamiento".
Ha dicho Jordi Peris que ese es ya el caso de Alfonso Novo, "a quien le pedimos explícitamente la dimisión y que entregue el acta de concejal. El mismo procedimiento lo haremos extensivo al resto de concejales conforme se vaya confirmando su imputación, porque entendemos que es la única salida razonable, y si no lo hacen le pediremos al Partido Popular que los expulse y pasen a ser no adscritos". Seguidamente ha señalado que "ha de quedar claro que estamos trabajando para regenerar la situación de extraordinaria gravedad con la que nos hemos encontrado, porque todo apunta a que no son hechos aislados sino que se trata de una trama".
También se ha referido al acuerdo del Pleno para crear una Comisión de Investigación que establezca responsabilidades políticas "mientras las judiciales sigan su camino". Peris ha anunciado que esta Comisión sobre implicaciones y responsabilidades políticas, cuya creación fue aprobada en el último Pleno, se constituirá en el del próximo mes de febrero, después de pasar por la Comisión de Transparencia. Ha añadido que comenzará a funcionar una vez se levante el secreto de Sumario y se tenga la suficiente información sobre los hechos objeto de investigación. Todos los grupos municipales tendrán un representante en esta Comisión, incluido el Grupo Popular, "pero después el voto será ponderado en función de los concejales que tenga cada grupo". Inicialmente se contempla que esta Comisión tenga una duración de tres meses, prorrogables a otros tres meses, "y podrá citar como comparecientes tanto a imputados, testigos o expertos que puedan hacer una adecuada interpretación de los hechos y sus implicaciones".
