El director de campaña del PPCV, Miguel Barrachina. EFE- Domenech CastellóLa Junta Electoral de la Comunitat Valenciana ha ordenado la paralización inmediata de la campaña institucional insertada en la página web de la Generalitat sobre la declaración de la renta de 2022 y ha prohibido la divulgación de todos los mensajes referidos a logros y mejoras en materia fiscal.
De este modo, ha estimado parcialmente una queja presentada por el PP, a la que posteriormente se adhirió Vox, al ordenar la paralización de la campaña institucional, aunque ha desestimado abrir el expediente sancionador que se solicitaba.
La denuncia del PP cuestionaba dos tuits de la cuenta oficial del president de la Generalitat, Ximo Puig, del 11 y 13 de abril sobre la campaña de la renta en las que apreciaba "un claro sesgo de propaganda polÃtica al divulgar una rebaja de impuestos como logro de la actuación del Consell en materia impositiva".
Además, consideraba que se trataba de un "uso partidista en periodo electoral de un canal de información institucional", y criticaba que posteriormente se publicaron otros 21 tuits "de marcado sesgo electoralista exponiendo logros y promesas de futuro", ante lo que la Generalitat alegó que no se habÃa cometido ninguna infracción de la ley electoral.
En su resolución, la Junta Electoral señala que la campaña institucional Renta 2022 de la Generalitat "no parece ajustarse, al menos en todos los contenidos, a las campañas institucionales imprescindibles para la salvaguarda del interés público o el correcto funcionamiento de los servicios públicos" y se ha hecho en periodo electoral.
Indica que además la campaña contiene alusiones implÃcitas a logros o beneficios, al afirmar que este año se pagará menos en la declaración de la renta o que hay un ahorro medio de 11 euros con la rebaja fiscal de la Generalitat.
El director de campaña del PPCV, Miguel Barrachina, ha criticado que Puig utilice en precampaña "los recursos públicos para su campaña particular", lo que ha hecho que la Junta Electoral le reproche esa "ilegalidad", y ha destacado que, a diferencia de lo que se publicita, los valencianos van a pagar un 28 % más en la declaración de la renta.
