Foto de archivo, Escuelas Católicas Comunitat ValencianaHan pasado casi 4 años y la justica ha dictado sentencia contra el recurso contencioso administrativo presentado por Escuelas Católicas de la Comunidad Valenciana ante el TSJCV contra la discriminación que sufrieron los centros concertados durante el curso 20/21 en la aplicación del Programa PROA+ del Ministerio de Educación.
Dicho programa iba orientado a la implementación de ayudas de apoyo al alumnado más vulnerable de los centros educativos financiados con dinero público y correspondía a las comunidades autónomas su desarrollo. Los responsables del departamento de educación de la Comunidad Valenciana en ese momento, dejaron fuera a los alumnos de los centros concertados.
La resolución publicada por la Conselleria de Educación beneficiaba a los alumnos de centros públicos, en perjuicio de los centros concertados y por tanto a los alumnos y sus familias. Por ello, el departamento jurídico de ESCACV recurrió la decisión ante la justicia quien ahora reconoce el diferente trató de la Conselleria a los alumnos de centros educativos concertados. Asegura que la Administración no puede discriminar y prevalece el principio de igualdad.
Además, según se establece en la sentencia la Consellería, rectificó al curso siguiente la decisión tomada: "Prueba evidente de la ilegalidad en que se ha incurrido es que en la resolución de 7 de abril de 2022 de la Consellería de Educación demandada (DOGV de 11-4-2022) ya se incluye según su art. 2 a los centros privados concertados como destinatarios de las ayudas con efectos del curso 2021/2022".
El responsable del departamento jurídico de ESCACV, Joaquín Monzón, asegura que: "la sentencia de la Sala de lo Contencioso es el reconocimiento de unos derechos que fueron vulnerados por el mero hecho del centro elegido por las familias para la educación de sus hijos. Nos satisface enormemente y sienta un precedente más en favor de la igualdad de los alumnos de las dos redes, la pública y la concertada"
