La situación de impagos por parte de la Generalitat Valenciana a las entidades del sector de la discapacidad, ha llevado a la FEAD (Federación Empresarial de Entidades titulares de centros y servicios de atención a personas con discapacidad intelectual), COPAVA (Coordinadora de Centres Ocupacionals de la Comunitat Valenciana) y FEAPS CV (Federación de Asociaciones en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual y del Desarrollo de la Comunidad Valenciana) a unirse en la Mesa por la Discapacidad con el fin de establecer un calendario de actuaciones y movilizaciones para exigir el pago inmediato de la deuda que está llevando a las entidades a la quiebra.
Más de un centenar de personas, representantes de residencias, centros ocupacionales, centros especiales de empleo, centros de día, asociaciones que llevan programas para promocionar la autonomía personal de las personas con discapacidad intelectual, para las familias, etc. se reunieron en una Asamblea de urgencia ayer en la sede de FEAPS CV porque "ya no pueden aguantar más la situación" y han decidido endurecer sus protestas y manifestaciones ante la Administración Pública.
Sólo de la Conselleria de Bienestar Social se debe a las entidades de personas con discapacidad intelectual más de 15 millones de euros, que se suman a la deuda de las Consellerías de Empleo, Educación y Sanidad, lo que ha llevado al colapso a muchas de ellas que no pueden pagar a proveedores, ni las nómicas de sus trabajadores desde hace meses, ni siquiera prestar los servicios que hasta el momento prestaban. Muchos padres han tenido que hacer frente a cubrir gastos para que los centros no cierren, pero la situación ya es insostenible atentando contra los derechos del colectivo y contra su dignidad.
Ante ello, la Mesa por la Discapacidad, ha planificado un calendario de movilizaciones, concentraciones y encierros en los centros que comenzarán la semana que viene y que se unen a las acciones que ya se llevaron a cabo antes del verano por parte de las entidades miembros de la Mesa.
La deuda que tiene contraída la Generalitat Valenciana con el sector, unido a los recortes del Gobierno y en la Ley de promoción de la Autonomía y Atención a las Personas en situación de Dependencia, está poniendo en peligro los derechos conseguidos durante más de 40 años de lucha para que las personas con discapacidad intelectual fueran ciudadanos de pleno derechos y no "ciudadanos de segunda".
Las personas con discapacidad y sus familias, los profesionales y voluntarios, los dirigentes y la sociedad que nos respalda queremos decir:
- Que las dificultades no son nuevas para nosotros, nos hemos enfrentado a ellas y las hemos superado, desde nuestro nacimiento y seguiremos haciéndolo.
- Que las personas y las organizaciones que formamos el sector de la discapacidad somos las primeras que estamos arrimando el hombro en esta crisis, poniendo un esfuerzo extra, sacrificándonos para que no afecte a nuestra gente, y para cumplir con una responsabilidad que corresponde en última instancia al Estado, y que éste nos ha derivado.
- Que vamos a permanecer unidos en estas circunstancias de extrema dificultad.
- Que vamos a decir, alto y claro, que los recortes e impagos suponen una flagrante vulneración de derechos reconocidos en la Constitución Española y en la Convención de la ONU sobre derechos de las personas con discapacidad.
- Que lo que reclamamos, no es sólo dinero, es una cuestión de derechos, de inclusión social, de igualdad de oportunidades… En definitiva, de ciudadanía para nosotros y para el resto de colectivos en riesgo de exclusión con los que nos solidarizamos.
- Que no estamos dispuestos a abandonar esta lucha: corremos el riesgo de retroceder décadas, de acabar con todo lo conseguido tras vidas enteras de lucha y esfuerzo, y volver a ser ciudadanos de segunda. Que tenemos millones de razones para luchar. No vamos a permanecer impasibles mientras una sola persona con discapacidad se encuentre en una situación que le aboque a la marginación o a la pobreza.
- Que nuestra reivindicación es tarea de todos los ciudadanos y ciudadanas de este país, porque la sociedad que queremos es una sociedad de personas, una sociedad más justa y solidaria para todas ellas. Por todo ello, hacemos un llamamiento a los ciudadanos y ciudadanas para que se unan a nuestra lucha.
No podemos aguantar más la situación de impago de la Generalitat y exigimos:
El pago inmediato a todos los centros y servicios del sector de la Discapacidad por parte de todas las Consellerias que nos adeudan, Bienestar Social, Sanidad, Educación, Empleo…
Un plan extraordinario por parte de la Generalitat Valenciana para financiar a nuestras entidades, que con calidad, transparencia, austeridad y exigencia científica prestan y desarrollan una función social.
El cumplimiento de los compromisos adquiridos por la Generalitat, así como las leyes y órdenes que le competen.
No podemos rebajar los actuales estándares de calidad en la prestación de servicios, traducidos en ratios de personal y módulos económicos, pues de lo contrarios no sería posible cubrir las necesidades que las personas a la que atendemos presentan, produciéndose no solo una falta de avance, sino un doloroso retroceso, reflejo de la grave injusticia que supondría no garantizar estos apoyos.
