Un sanitario con un equipo de protección integral (EPI) traslada en ambulancia a un paciente al hospital, en una imagen de días atrás. EFE
El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, en la ventana de su despacho del Palau. EFE- Juan Carlos Cárdenas-ArchivoLa mujer de un médico del SAMU que falleció por COVID-19 el pasado mes de abril ha presentado una querella ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana contra la consellera de Sanidad, Ana Barceló, por no facilitar formación ni material de protección alguno y "abandonar a su suerte" a su marido.
La querellante es también presidenta de la Plataforma de Afectados por el Coronavirus COVID-19 en la Comunitat Valenciana, y en su querella reclama que se tome declaración, en calidad de testigos, a varios gerentes de departamentos de salud, a altos cargos de la Conselleria, dirigentes sindicales y médicos que atendieron al fallecido.
En el escrito presentado ante el TSJCV se argumenta que el médico del SAMU y oftalmólogo fallecido "cumplió con su obligación laboral desde febrero de 2020 sin ningún tipo de medida de protección, ninguna información ni formación ante la pandemia que ya se había establecido en España y cuyo primer caso se diagnosticó en la Comunitat".
En este sentido, establece un relato cronológico de los hechos: La víctima realizó sus guardias en el SAMU los días 16, 23 y 27 de febrero y 5 y 9 de marzo en las bases de l'Alcudia y Lliria y empezó a tener síntomas (fiebre) el 10 de marzo
Se le envió por intranet unas hojas informativas sobre cómo ponerse y quitarse un traje EPI, sin hacer esta formación de forma presencial y tampoco hacerle llegar ninguno de estos trajes, ni gafas ni mascarillas FFP2 ó 3 (únicamente disponía de mascarillas quirúrgicas a compartir entre el personal), siempre según el contenido de la querella, al que ha tenido acceso EFE.
Respecto de las mascarillas FFP2, la denuncia expone que "sólo tenía una el enfermero y otra el médico precintadas en una bolsa y para un caso extremo. Y si se usaban había que hacer un escrito solicitando otra" y tampoco disponía de gafas.
Asimismo se expone que "las condiciones de ventilación en ambas bases (l'Alcudia y Lliria) son precarias, pequeñas y sin ventilación, lugares donde descansan al mismo tiempo un médico, un enfermero y un conductor. Y la base de l'Alcudia fue cerrada y puesta en cuarentena y finalmente trasladada a otro local en mejores condiciones".
El médico que relevó el 10 de marzo al fallecido en l'Alcudia también dio positivo por coronavirus en una prueba PCR, detalla la querellante.
El 11 de marzo la querellante y sus hijos, también médicos, llamaron al teléfono de la Conselleria habilitado para estos casos y no lograron establecer contacto, "siempre comunicaba".
Ante esta circunstancia llamaron a una compañera del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) y esta les informó de que el enfermo "no cumplía con los criterios de infección".
El 12 de marzo acudió al médico de cabecera, quien sí consideró que cumplía con los criterios de infección e hizo una solicitud a salud pública para que enviasen un test, pero "con la excusa de que estaban saturados le enviaron a casa con la indicación de que personal de la Conselleria se desplazaría para hacerlo. Un test que finalmente no se realizó en ningún momento ni se dio indicación alguna".
El 14 de marzo ante el empeoramiento de los síntomas acudieron al Hospital 9 d'Octubre (de gestión privada), donde se le realizó el test, radiografía de tórax y analítica sanguínea, con un resultado positivo que se determinó el día siguiente.
El 16 de marzo la mujer del fallecido llamó a su trabajo (también forma parte del SAMU) y le indicaron que se quedase en casa y que irían a realizarle la prueba, algo que nunca se produjo.
El 20 de marzo el hombre fue ingresado en el 9 d'Octubre con afectación pulmonar, pasó unas horas en la UCI y fue trasladado a planta, mientras su mujer fue atendida en urgencias de ese mismo centro para practicarle un test de COVID que salió negativo.
El 25 de marzo el paciente fue intubado, al empeorar su situación, y en este proceso sufrió dos paradas cardíacas de las que logró recuperarse y sus constantes se estabilizaron.
La situación del paciente fue empeorando hasta que los días 6 y 7 de abril se le realizaron dos encefalogramas que mostraron una gráfica plana, por lo que se decidió la desconexión del enfermo de los respiradores y se produjo su fallecimiento por neumonía por COVID, según el parte facultativo.
La denuncia subraya que este sanitario "nunca fue atendido por la Conselleria de Sanidad, no se le hizo test alguno, no fue informado sobre medidas de protección, no se le dio equipo alguno y fue abandonado a su suerte".
CONTRA PUIG
El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha sido objeto de una querella criminal ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana por un supuesto delito de "abandono de sus obligaciones respecto al servicio público de velar por la salud y protección de sus conciudadanos".
Según consta en la citada querella, a la que ha tenido acceso EFE, los demandantes aseguran que Puig, "en su frivolidad e imprudencia grave, ha antepuesto sus intereses electorales y políticos, espurios a todas luces, a la salud ciudadana con clara desatención de su deber como máxima autoridad de la Comunidad Valenciana".
Los promotores de la querella, según han explicado ellos mismos a EFE, son simpatizantes de Vox que actúan a título personal como acusación popular, y uno de ellos es médico jubilado.
En el texto presentado ante el TSJCV se hace un relato de los principales hitos de la propagación del coronavirus en España y en la Comunitat, con la cifra de contagiados y fallecidos en cada momento.
Se cita el artículo 409 del Código Penal para concluir que "no ha existido una total transparencia en la toma de decisiones por el querellado, sus consellers y el gabinete de crisis. Al tiempo ha sido manifiesta la deficiente regulación y control de la actividad de la población, necesaria para atenuar o evitar la propagación en progresión geométrica del virus".
"Consideramos que se ha producido una omisión intencionada del deber de velar por la seguridad, salud e higiene de los habitantes de la Comunidad Valenciana, en el lapso descrito, y claramente se ha producido un abandono colectivo y manifiestamente ilegal de un servicio público esencial con grave perjuicio para múltiples ciudadanos".
Asimismo, se acusa a Puig de "permitir, promocionar e incluso asistir a eventos, además de trasladar la sensación de normalidad, y ausencia de riesgo a la sociedad valenciana, provocando un agravamiento del número de contagios, determinante para acuciar la gravedad de la presente crisis sanitaria".
Por otra parte, se apunta a la existencia de "indicios sobre instrucciones verbales a los profesionales de la sanidad de la Comunidad Valenciana, sumamente graves. Se está desaconsejando el ingreso en los centros hospitalarios de las personas con síntomas de COVID-19 de avanzada edad, que están falleciendo en sus domicilios o en las residencias de ancianos. Todo ello, ante la carencia del material necesario para su atención y recuperación".
"Además, se han suspendido los tratamientos de enfermos crónicos graves, como la quimioterapia para enfermos de cáncer, suspendiendo a su vez operaciones quirúrgicas ya programadas -añade-. Con la grave trascendencia que ello puede suponer para la vida de los enfermos crónicos, y con los dolores y padecimientos que conlleva la ausencia de dichos tratamientos. A todas luces no justificados".
A su juicio "nos encontramos ante un atentado a la integridad moral de las personas de avanzada edad, que han contribuido a la creación y sostenimiento de nuestro estado de bienestar, circunstancia especialmente humillante y repugnante a todas luces. Y que supone un abuso injustificado por parte del gobierno autonómico y de los funcionarios públicos, y lo admiten y promueven".
Sobre la labor de los profesionales sanitarios, la querella concluye que "hay evidencias que apuntan a la presunta comisión de un delito contra los trabajadores, al obligar a dichos profesionales a trabajar sin equipos de protección individual adecuados, además de no realizar las pruebas de detección que se evidencian fundamentales para evitar los contagios, y obligar a desempeñar su trabajo a profesionales sanitarios sin respetar la preceptiva cuarentena".
"Todo ello nos lleva a tener el índice de afectación en el sector sanitario más elevado del mundo, lo que promueve que los enfermos de otras patologías no quieran acudir a los centros sanitarios", siempre según la querella.
Por último, reclaman que se tome declaración al ministro de Sanidad, Salvador Illa, y a la consellera de Sanidad, Ana Barceló, entre otros altos cargos de la Conselleria.
