Casa consistorial de Sagunt. EPDALa aplicación de la nueva Ley de Contratos Públicos está colapsando la actividad del Ayuntamiento de Sagunt. Lo que pretendía ser un arma para un mayor control del dinero público se ha convertido en un arma arrojadiza contra centenares de proveedores del Consistorio, que han visto paralizados sus contratos y facturas ante un pleno desconocimiento de lo que deben hacer con tal de solucionar esta situación.
Los propios concejales de Hacienda y Contratación, Enric Ariño y Pepe Gil, respectivamente, han afirmado que la nueva Ley de Contratos "ralentiza" y "entorpece" el funcionamiento normal del Consistorio. "Con la nueva ley cualquier gasto tiene que estar avalado por un contrato", ha detallado el edil de Hacienda.
Antes de que entrara en vigor la nueva ley, los ayuntamientos podían firmar contratos directos para obras que no superasen los 50.000 euros y en servicios por un coste inferior a los 18.000 euros (siempre sin contar el IVA). Con la nueva Ley de Contratos del Sector Público, estas cantidades se han visto reducidas pasando a 40.000 euros para obras y 15.000 para servicios.
El Congreso de los Diputado aprobó este cambio legislativo en octubre de 2017 y adapta al ordenamiento jurídico español a las directivas europeas en materia de contratación. El objetivo es mejorar la transparencia, la agilidad y el control en las adjudicaciones, limitando la posibilidad de contratación sin publicidad y estableciendo la obligación de la factura electrónica y la posibilidad de pago directo de la administración a los subcontratistas. Pero lejos de esta realidad, el resultado de su aplicación está siendo totalmente el contario.
De hecho, con esta modificación, la carga de trabajo ha colapsado los departamentos de los ayuntamientos, como es el caso del Consistorio de Sagunt, que ante la poca claridad de la ley y la inseguridad que genera, según han denunciado algunos funcionarios, "nos acogemos a la lectura más restrictiva". "A los trabajadores les está costando cogerse a esta nueva metodología de trabajo y lo que antes se podía hacer sin ningún contrato previo, con una contrafactura, ahora se han aumentado los controles y todo ha de pasar por Intervención y Tesorería y hacer los contratos pertinentes", apunta el concejal de Hacienda.
Esta situación está afectando a centenares de proveedores del Ayuntamiento de Sagunt, que han visto paralizados sus contratos de obras y servicios ante la aplicación de la nueva Ley de Contratos del Sector Público. "Lo que pretende la ley es que todo salga a licitación y haya más controles, lo que está bloqueando el pago a muchos proveedores", ha lamentado el edil de Contrataciones. Uno de los casos más kafkiano fue la revisión de la ITV de uno de los coches oficiales del Consistorio, que no podía realizarse sin un contrato previo. Hay una consecuencia perversa: el propio Ayuntamiento incumple la Ley de Morosidad que obliga a pagar a los proveedores antes de 30 días.
