El exjefe de gabinete de Mónica Oltra Miquel Real. EFE-Biel Aliño-Archivo
La Brigada Provincial de Policía Judicial de la Policía Nacional ha remitido al Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia tres correos electrónicos que se intercambiaron los colaboradores de la ex vicepresidenta del Consell Mónica Oltra y que están relacionados, a juicio de los investigadores, con la causa judicial abierta tras el caso de abusos que protagonizó el ex de Oltra.
Dichos correos, según consta en el informe policial, al que ha tenido acceso EFE, se enviaron entre el 2 y el 13 de diciembre de 2019 (el 2 de diciembre se conoció la primera sentencia al ex de Oltra).
En uno de estos correos el remitente es el que fue jefe de gabinete de la consellera, Miquel Real, y en los otros dos Real es el destinatario. En dos de estos mensajes el asunto es "Comunicación Niño Jesús" -el centro donde residía la menor tutelada que fue víctima de abusos- y en el tercero el asunto es "Expediente protección 347/08".
Esta investigación, enmarcada en una pieza separada -la quinta- cuyo secreto de sumario ya ha sido levantado, fue solicitada por el juez a la policía a petición de la acusación popular que ejerce la asociación Gobierna-te, de la exdirigente de Vox Cristina Seguí, a la que se ha adhirió también la acusación que ejerce Vox.
Concretamente, el juez pidió que se investigase quiénes formaron parte del gabinete de Vicepresidencia de la Generalitat entre febrero y diciembre de 2017 y los correos que intercambiaron entre ellos y con el jefe de gabinete de octubre a diciembre de 2019.
El primer periodo, de 2017, corresponde a las fechas en las que se conocieron los hechos denunciados por una menor tutelada en un centro de la Generalitat que sufrió abusos por parte de un cuidador, en ese momento marido de la entonces vicepresidenta y consellera de Igualdad del Gobierno valenciano Mónica Oltra.
El segundo periodo, de 2019, es durante el que se produjo el primer juicio contra el monitor (fue repetido meses después con el mismo resultado), que se saldó con una condena de cinco años de prisión (que ya firme tras un reciente pronunciamiento del Tribunal Supremo).
La Policía únicamente ha podido localizar el archivo de los correos de Miquel Real, puesto que los del resto de 11 colaboradores (asesores o funcionarios) han sido borrados en su totalidad.
Los agentes se entrevistaron con el jefe del Servicio de Sistemas de la Generalitat, quien les indicó que transcurrido un mes desde el cese se elimina todo el contenido del buzón, y que si el de Real no se suprimió fue por petición del interesado.
Por este motivo, los correos remitidos al juez tienen como remitente o destinatario a Miquel Real.
Los investigadores comunicaron inicialmente al juez la existencia de dichos correos, sin investigar su contenido por considerar que excedía el mandamiento judicial, pero el instructor, con el apoyo del fiscal, indicó a principios de marzo que procediesen a su análisis.
El contenido de dichos correos no se ha detallado en el referido informe, de modo que los agentes remiten el contenido de los mismos en formato DVD al juzgado y advierten al instructor de que, por imposibilidad material, no conservan copia, por lo que recomiendan que se realice copia en un dispositivo "más robusto".
El citado juzgado investiga a un total de quince personas para tratar de esclarecer su participación en la apertura de un expediente informativo o de información reservada con el que supuestamente se trató de ocultar el caso o desacreditar a la menor que sufrió abusos por parte del entonces marido de Mónica Oltra.
La menor contó lo que le sucedía a una trabajadora del centro en febrero de 2017, pero desde la Administración competente únicamente se elaboró un informe interno.
Meses después, en junio de 2017, la menor insistió en su denuncia ante la Policía Autonómica, y fue en este momento cuando la Fiscalía de Menores abrió diligencias de investigación.
Al concluir el proceso contra el exmarido de Oltra, la menor acosada, representada legalmente por un histórico dirigente de España 2000, y con Vox y Gobierna-te como acusaciones populares, han iniciado un proceso judicial contra la Conselleria.
Este proceso se basa la supuesta omisión del deber de custodia y protección y pretende determinar si se produjo un delito en la elaboración de un informe interno -que desacreditaba su versión- sobre lo sucedido.
Actualmente, además de Oltra, se encuentran procesadas personas que ocuparon cargos en las direcciones territoriales de la Conselleria de Igualdad, así como jefes de sección, psicólogos y personal de centros de menores.
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