La justicia ha irrumpido en el ayuntamiento de Llíria (Camp de Túria). Según fuentes cercanas al Ayuntamiento de Llíria, la policía judicial ha acudido a las oficinas de Urbanismo que se encuentran en la primera planta del Mercado Municipal. El alcalde de Llíria, Manuel Izquierdo y la concejal de Urbanismo, Reme Mazzolari, han acudido al consistorio.
Según ha podido saber este diario, los agentes de policía se han llevado con ellos varias copias de los expedientes que han pedido revisar, conpulsadas por el secretario del Ayuntamiento. Los expedientes concretos que querían revisar han sido el canon de saneamiento, la situación de la oficina AMIGU, la oficina para ayudar a la gestión de los procesos de urbanización. Querían revisar también el convenio firmado con Graveres Castellana, que al parecer tiene un convenio firmado con el consistorio que le permitiría explotar alguna de las canteras de Llíria.
También han pedido revisar las relaciones contractuales entre el Ayuntamiento y las empresas Adesval y Urbecop. Los agentes de la policía judicial se han marchado del Ayuntamiento a última hora de la tarde de hoy martes. El caso se encuentra en el juzgado número 6 de Llíria.
El diario ha podido hablar con una persona muy cercana al Ayuntamiento y ha mostrado "tranquilidad, máximo respeto a la justicia y total colaboración con la investigación". Han rechazado hacer declaraciones "porque la investigación está bajo secreto de sumario y no han comunicado el motivo exacto de las investigaciones".
El PSPV de Llíria no ha tardado en reaccionar y su secretario general, José Luis Pérez Veses, ha reclamado al equipo de gobierno del Partido Popular "una explicación pública contundente sobre unos hechos tan graves acaecidos en unas dependencias municipales ya que los vecinos de Llíria merecen una argumentación clara y razonable sobre la gestión de sus recursos por culpa de la política urbanística que lleva a cabo el alcalde y su concejala de urbanismo que se halla en entredicho desde hace mucho tiempo;
Pérez ha exhortado a ambos dirigentes populares "a contar, por fin, con luz y taquígrafos cómo se han desarrollado todos los programas urbanísticos y que suponen actualmente un coste económico y social tan elevado para esos propietarios".
El Periódico de Aquí ampliará esta información en su edición impresa del viernes 25 de abril.
