José Antonio Sancho Sempere tejió una espesa tela de araña mientras 
ejercía de secretario municipal de Canet d'En Berenguer, que envolvió a 
políticos, empresarios, funcionarios y familiares, que acabaron 
beneficiándose de los favores recibidos y, a cambio, aportaron a Sancho, 
en el mejor de los casos, cantidades periódicas de dinero, que 
ingresaban en alguna de sus empresas. Sancho, que ha sido condenado a 
dos años de prisión por la Audiencia Provincial de Valencia, junto a la 
ex alcaldesa de La Pobla de Farnals, Natividad García, por cohecho, se 
enfrenta ahora a un macrojuicio de la denominada 'trama de las 
asesorías', que afecta a más de una decena de administraciones públicas 
y cuenta con casi 40 investigados. Su telaraña la comenzó a tejer en 
Canet d'En Berenguer y, de ahí, se extendió a otras administraciones, 
como el Ayuntamiento de San Antonio de Benagéber o el de La Pobla de 
Farnals.
Precisamente, en el de La Pobla de Farnals y el de Canet d'En Berenguer, 
es donde impulsó el nepotismo, ganando en el Consistorio de este último 
municipio plaza de funcionarios dos de sus hijos -el jefe de la Policía 
Local de Canet y la responsable del Departamento de Contratación junto a 
su amigo, técnico de Escuelas, Salvador Vidal, otra pieza clave en el 
funcionamiento del Ayuntamiento-. Sancho colocaba a dos de sus vástagos 
en sendos puestos de gran interés, mientras que otra hija y la mujer del 
entonces alcalde de Canet, lograban plaza de funcionario en el de La 
Pobla de Farnals. 
Volviendo a Canet, José Antonio Sancho González fue el único que se 
presentó a la oposición para ser el jefe de la Policía Local, una plaza 
hecha a medida, cuyo presidente del tribunal es un funcionario que llegó 
de La Pobla de Farnals por un canje con una de las afortunadas hijas de 
Sancho. Sancho González no es sólo el hijo del entonces secretario 
municipal y a la sazón jefe de la Policía Local, sino que también era 
socio del padre en José Antonio Sancho Abogado SLP, empresa por la que 
ofrecía sus servicios jurídicos, entre otros, al Consistorio de San 
Antonio de Benágeber. Además, Sancho González figuraba como propietario 
del bajo que en Valencia compartían dicha firma, así como otras 
investigadas en la 'trama de las asesorías', como Millena III Milenio y 
la Academia Valenciana de Juristas -ambas controladas por el ex 
secretario de Canet- o Federación Profesional Valenciana, donde padre y 
dos hijos, incluido el jefe de la Policía, eran miembros de pleno derecho. 
La figura del jefe de la Policía Local es clave en la maraña de 
intereses de Sancho, puesto que es su departamento el que gestiona las 
multas, un porcentaje de las cuales se lleva la empresa de recaudación 
municipal, Recaudaciones Levantinas, que trabaja de forma irregular en 
el Consistorio desde 1996, al no haberse celebrado concurso público pese 
a facturar, en el peor año, un mínimo de 300.000 euros. Esta firma se 
lleva el 4'5% de lo que se cobra del IBI y un porcentaje de las multas 
que pone el departamento que dirige el hijo de Sancho. El hijo y socio 
durante un tiempo del administrador único de Recaudaciones trabajó para 
Millena III Milenio y después ganó plaza de funcionario en el 
Ayuntamiento, con Sancho como presidente del tribunal. Recaudaciones 
Levantinas devolvía el favor a Sancho pagando a Millena III Milenio -en 
dos años ha quedado acreditado que le transfirió 121.000 euros-, además 
de pagos periódicos a Federación Profesional Valenciana.
Pero Vicente Almenar Alabau no es el único funcionario que trabajó antes 
para alguna empresa de Sancho. Otras dos funcionarias también tuvieron 
nómina en Millena III Milenio. Cristina Duarte ganó plaza de auxiliar 
administativo con Sancho como presidente del tribunal, obteniendo el 
resto de los opositores un cero. El caso más llamativo es el de Reyes 
Sala, funcionaria amiga personal de Sancho que ocupa otro puesto clave 
en el Consistorio, como es el registro de entrada. Siendo funcionaria 
compatibilizó este puesto con un trabajo en Millena III Milenio. 
Esta empresa tuvo como administrador único hasta el 1 de febrero de 2013 
-cuando lo descubrió El Periódico de Aquí-, a Juan José Sánchez, 
responsable de Vitas de Amarre (Hotel Playa Canet). Este fue una 
concesión municipal para explotar por 6.000 euros al año, que finalmente 
fue adquirido por la empresa a un precio muy por debajo del mercado, al 
encontrarse en segunda línea de playa. Sánchez trabajó para la empresa 
del secretario municipal y Vitas de Amarre ha estado pagando a 
Federación Profesional Valenciana una cantidade fija al mes durante años 
(en 2009, 2010 y 2011, en concreto 2.081 euros al mes). 
Por último, el control jurídico del Consistorio estaba en manos de un 
chiringuito de Sancho, la Academia Valenciana de Juristas, que se 
quedaba con los servicios jurídicos -hasta el 2015- gracias a concursos 
negociados sin publicidad gestionados por su hija Carmina y su amigo 
Salvador Vidal y que estaban amañados, al invitar en 2011 y 2013 al 
propio Sancho a través de su empresa José Antonio Sancho Abogado SLP y a 
la mujer de éste, Amparo Sancho González, respectivamente. En 
definitiva, todo un sistema perfectamente organizado para controlar el 
Consistorio y, de paso, sacar dinero público.