Ante la entrada en vigor del
Real Decreto Ley 9/2013
que aprueba medidas urgentes de reforma
energética eliminando las tarifas reguladas de las energías renovables, la
Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana
(FEMEVAL) y su Asociación de Empresarios Instaladores Eléctricos,
Telecomunicaciones y Energías Renovables de Valencia (ASELEC) manifiestan
su
absoluto rechazo
a una
normativa que deja sin margen de maniobra a
las instalaciones que figuran en el Régimen Especial, entre ellas las solares
fotovoltaicas y eólicas de la Comunidad Valenciana.
FEMEVAL y ASELEC consideran que este decreto aprobado
por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo con el pretexto de
"garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico", y que afecta
también a los consumidores al aumentar un 3´2% más el recibo de la luz, puede llevar a la quiebra a numerosas empresas
instaladoras y mantenedoras. Y con ello a la
desaparición de casi 15.000 empleos directos e indirectos
de un
sector ya de por sí muy deteriorado, y que se quedará prácticamente en K.O.
técnico y con muy pocas probabilidades de recuperación.
Un Real Decreto que resta competitividad
a la industria y con previsiones nada justificables
Ambas organizaciones entienden que las previsiones de rentabilidad del 7,55% de
vida útil para las instalaciones de energías renovables que recoge este
Real Decreto, no tienen una demostración
objetiva, dado que este porcentaje se basa en la evolución del bono
español, fluctuante como ninguno.
Asimismo, los últimos estudios confirman que las instalaciones de autoconsumo suponen un
ahorro medio de hasta el 70% de la factura eléctrica de una familia.
Además, la inversión realizada se recupera en el tiempo por el ahorro que se produce,
y en este tipo de instalaciones se puede utilizar, además de la fotovoltaica,
otras fuentes energéticas como la eólica, la biomasa o la geotérmica.
Según afirman la patronal
del metal y su asociación miembro, nada de esto parece interesar al Ministerio,
ya que en su propuesta sobre autoconsumo, se
utilizan justificaciones totalmente semánticas, nunca técnicas ni demostradas, como
que la generación distribuida es perjudicial para el coste del sistema. Incluso
se inventan un concepto de potencia para el autoconsumo, denominado "potencia
de respaldo", más costoso que el directamente contratado, que encarece el
autoconsumo hasta el punto de hacerlo más gravoso que el suministro eléctrico
convencional.
En cuanto a la
distribución actual de los peajes
, ésta
empeora con la propuesta realizada, pues se establece un
aumento del término fijo de potencia de hasta el 125% para los
consumidores residenciales y del 75% para los industriales, con lo que
adquiere más peso la parte fija de la tarifa eléctrica que la variable. Esto
supone una "
tarifa plana" que
desincentivará cualquier opción y acción de eficiencia energética, con los
posibles ahorros en el consumo.
También, el
cambio en el
calendario horario
de las tarifas que se pretende implantar, supone
un
incremento del coste eléctrico para
la industria de entre un 8,50% y un 11%, que redundará en el aumento de los
costes de producción y restará competitividad a las empresas.
Por ello, FEMEVAL y ASELEC demandan al Consell la elaboración de un reglamento que regule el
autoconsumo y el balance neto, para posibilitar que la energía
supuestamente sobrante, se reutilice en beneficio de todos haciendo posible la
"autofinanciación" del sector.
Ante una realidad en la que los consumidores pueden
instalar sistemas de autoconsumo, la falta de este reglamento en la Comunidad
Valenciana impide la "reglamentación y normalización" adecuadas. Por lo que solicitan
también que este sector forme parte
de la mesa de negociación encargada de adoptar las decisiones que afectan directamente
a los consumidores finales, PYMES e industrias de la Comunidad Valenciana.
En este sentido, se proponen varias actuaciones que
beneficiarían directamente a un consumidor muy perjudicado, debido a que este aumento
del 3´2%, de la tarifa eléctrica se suma al 63% entre los años 2003 y 2011, con
lo que la factura media de los hogares españoles ha pasado de unos 360€ anuales
a los casi 600€.
Entre ellas, la de afianzar la colaboración estrecha que mantiene ASELEC con la Unión de Consumidores
de Valencia con el fin de garantizar el asesoramiento en materia energética
para los hogares "como punta de lanza de la unión de este sector con los
ciudadanos, binomio indispensable en la confianza, seguridad y avance de la
sociedad".
Por todo lo expuesto,
instan al Ministerio de Industria, Energía y Turismo
a que estudie
el
perjuicio directo e indirecto
,
tanto para el sector energético como para los ciudadanos, y a que se
ideen otras formas de financiar desmanes no
creados ni por las empresas, ni por los ciudadanos.
El Ministerio
de Industria tiene que dejar de ser el cajón de sastre al que recurre el
Gobierno cada vez que se producen desajustes en otras fuentes de financiación, ya
que esto provoca una tremenda inseguridad jurídica. La solución pasa por
impulsar una mayor reforma de la administración del Estado en beneficio de sectores competitivos, que no
necesitan ayudas, sino libertad de actuación.