Según explica CC. OO., este martes, día 15 de mayo, la SAG "comunicó el despido por causas objetivas a esta trabajadora que prestaba sus servicios más de veinte años en la empresa, en el área de administración. El argumento esgrimido es que tras realizar una auditoría en el servicio que se encarga de la limpieza de edificios, la gerencia decidió redistribuir las tareas que venía realizando esta trabajadora entre otros compañeros y amortizar el puesto de trabajo que ella ocupaba"
"En un momento en que la SAG está creando empleo neto a través de las encomiendas de gestión que le realiza el propio Ayuntamiento con el superávit presupuestario que ha tenido en los últimos ejercicios, no se entiende como la concejala delegada y el Consejo de Administración -que fue informado en la tarde del lunes- permiten que el gerente, Enrique Catalá, elimine empleo público con argumentos tan peregrinos como los expuestos en la causa del despido. Se desconoce si ésta es la única medida que se va a tomar fruto de ese estudio realizado o si se pretende seguir reduciendo plantilla fija, ya que en ningún momento se ha negociado la pretendida reestructuración organizativa que se argumenta", afirman desde el sindicato.
"Entre las múltiples opciones con que contaba la empresa en caso de haber sido necesaria una reestructuración del servicio, cuestión esta que no está para nada justificada, ha optado por aplicar la más lesiva para el personal adscrito a la SAG, utilizando la flexibilización que introdujo el gobierno del Partido Popular mediante las últimas reformas laborales. No es comprensible que un gobierno municipal que se considera de izquierdas permita la aplicación de los principios que sostienen las reformas laborales que tanto se han criticado", denuncia CC. OO
CCOO "no va a quedarse parada ante este tipo de actuaciones donde se produce una merma de empleo público porque entendemos que una empresa pública, como es la SAG, tiene como finalidad prestar servicios a los ciudadanos sin necesidad de obtener los beneficios económicos inherentes a las sociedades mercantiles privadas y, por tanto, no deberían medirse sus resultados con los mismos parámetros ni con las mismas consecuencias que establece el ordenamiento jurídico para el sector privado".
