La soberbia del alcalde de Burjassot ha convertido al Ayuntamiento en una ''auténtica república bananera''

Ante sendos escritos del Conseller de Presidencia (7/06/12) y de la Delegación de Gobierno (11/06/12), advirtiendo de nuevo de la ilegalidad del Pleno celebrado el 15 de mayo en el Hospital 9 de octubre, el Sr. Alcalde, Jordi Sebastia, "recula" y convoca de nuevo un pleno hoy a las 13:00 horas para "ratificar" el celebrado en dicho centro sanitario. Su soberbia le impide reconocerlo expresamente al no motivar la decisión adoptada de esta nueva convocatoria.

En su escrito, el Conseller de Presidencia, D. José Ciscar resuelve: " Requerir, en virtud de lo dispuesto en el art. 65 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y 156 de la Ley 8/2010 de 23 de junio, de Régimen Local de la Comunidad Valenciana, al Ayuntamiento de Burjassot (Valencia) para que anule o revoque el acuerdo celebrado en fecha 15 de mayo de 2012 en la sala de Formación del Hospital 9 de octubre, por infracción de los artículos 49 del Real Decreto Legislativo 781/1996 de 18 de abril y 85 del Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril y 85 del Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre. En particular por no celebrarse la sesión plenaria en el lugar legalmente previsto"

El Conseller alude a la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso Administrativo de 12 de marzo de 2008 que deja claro el concepto de fuerza mayor: ".. es un concepto jurídico que ha de quedar ceñido, ..., al suceso que esté fuera del círculo de actuación del obligado, que no hubiera podido preverse o que previsto fuera inevitable, como guerras, terremotos, daños atmosféricos, alteraciones graves del Orden Público y Seguridad ciudadana...pero no aquellos internos intrínsecos insitos en el funcionamiento de los servicios públicos". Y añade que en este caso que nos ocupa tan sólo consta la aprobación de la urgencia pero no en cambio la causa debidamente expuesta y motivada de fuerza mayor para la celebración de la sesión fuera de la sede de la entidad local.

Por su parte, la Delegada del Gobierno "...requiere al Ayuntamiento de Burjassot, concediéndole el plazo de un mes, contado a partir de la recepción del presente escrito, para que anule la Sesión plenaria extraordinaria y urgente de esa Corporación celebrada el día 15/05/2012 junto con los acuerdos adoptados en ella bajo los puntos 1º y 2º del orden del día, y el Decreto de Alcaldía nº 1294 de 14/05/2012 de convocatoria de la citada Sesión, con urgente comunicación a este centro".

Los acuerdos adoptados vulneran el artículo 49 del RD 781/1986; el artículo 85 del RD. 2568/1986 (R.O.F); y se vulnera el Principio de sometimiento pleno de la Administración Pública a la Ley y el Derecho, recogidos en los artículos 9.1 y 103.1 de la Constitución y art. 3 de la Ley 30/1992 del Procedimiento Administrativo Común.

Respecto al concepto de fuerza mayor, la Sra. Delegada subraya en su escrito "...no nos encontramos ante un supuesto de fuerza mayor, sino ante una situación de urgencia y premura en la adopción de un acuerdo, que no habría sido tal, en el supuesto que hubieran asistido todos los miembros del Pleno o el sentido de la votación hubiera sido distinto... " Viene a dejar claro que la falta de un voto, no es fuerza mayor, y añade que no consta que existiera impedimento alguno en celebrar la citada sesión antes del día 11 de mayo. Estamos ante un supuesto de falta de diligencia o previsión pero no de fuerza mayor. Y recuerda que el mecanismo de financiación ex artículo 4/2012 no es obligatorio sino voluntario, una decisión unilateral del órgano de gobierno municipal competente.

El Alcalde junto con el resto de su equipo de gobierno, sabían que actuaban de forma contraria a la Ley y aún así, siguieron adelante con la sesión plenaria. Ahora no lo admiten expresamente pero dan marcha atrás.

Con estos escritos se evidencia el desprecio absoluto del Sr. Alcalde (Bloc) y sus compañeros de gobierno del PSPV y EU a la Ley y al Ordenamiento jurídico. El 15 de mayo hizo lo que le dio la gana sin temblarle el pulso, interpretando la Ley a su antojo y conveniencia. Y lo hizo desoyendo las advertencias de la Subdelegación de Gobierno, porque el está por encima de todo y de todos.

Con sus decisiones insólitas y arbitrarias infringiendo las normas y reglamentos, y sus arrancadas ególatras en su incontrolado afán de protagonismo, -montando "operetas" como la de la sesión plenaria del hospital 9 de octubre-, el Sr. Alcalde está poniendo en cuestión la seguridad jurídica en el Ayuntamiento de Burjassot, tanto para el resto de concejales como para los ciudadanos en general.

En cuanto a dicho mecanismo de financiación, y como ya nos manifestamos el Grupo Popular en la sesión del 15 de mayo, estamos totalmente de acuerdo en el pago de las deudas a los proveedores por razones evidentes y obvias. Pero nos reservamos en cuanto a ciertos gastos y proveedores que aparecían en dicha relación hasta comprobar el documento de origen (factura, etc) y el trabajo o servicio de referencia.

De las 3300 apuntes de gastos aproximados de la relación de proveedores, que suman casi 5 mill. euros, y dado que supone un endeudamiento extraordinario para el pueblo, con una "hipoteca" para 10 años, hemos solicitado copia por escrito de los documentos origen de 300 gastos aproximadamente. Entre ellos y como muestra, del gasto referido a un conocido gran almacén por valor de más de 35.000.-euros y, de otros gastos de hostelería, publicidad, merchandising, etc. Decenas y decenas de cafés, almuerzos, comidas, etc.

Y queremos resaltar que los únicos responsables de que hayan aparecido más de 3000 facturas "en el cajón"; de deber préstamos por 35 mill.euros; y de haber arruinado las arcas municipales son el PSPV local con Rafa García a la cabeza y sus socios el Bloc y EU que han consentido y ayudado necesariamente a dicha nefasta gestión.

El Sr. Alcalde del tripartito dice que quiere pasar a la historia y lo hará, pero por haber convertido este Ayuntamiento en una auténtica "república bananera".