Dinero. VCEl Consejo de Ministros aprobó recientemente el proyecto de ley por el que se aprueba el Impuesto sobre determinados servicios digitales (IDSD), conocido popularmente como Tasa Google. Se ha iniciado su tramitación parlamentaria y se espera que su aprobación y aplicación definitiva para finales de este año 2020. La Tasa Google grava un 3% la publicidad online, la intermediación y la venta de datos a empresas con una facturación global de más de 750 millones y unos ingresos por actividad digital desde 3 millones en España.
Existe un consenso generalizado en la baja tributación de las llamadas grandes compañÃas tecnológicas, cuyo modelo de negocio está basado en los servicios digitales, las llamadas "big tech" como Google, Amazon, Apple o Facebook (Tasa GAFA en Francia) y que las normas de fiscalidad internacional, basadas en el establecimiento fÃsico como nexo de unión con las distintas jurisdicciones fiscales, han quedado desfasadas y requieren una reformulación.
Pero, a pesar de ello, las preguntas que nos surgen son diversas ¿es oportuno en este momento aprobar la Tasa Google cuando se están acometiendo los trabajos en el seno de la OCDE para buscar una solución internacional y multilateral que se prevé se consiga antes que finalice este año 2020? ¿cuáles serán las represalias que establecerá EEUU por su aprobación, especialmente en materia de aranceles a la exportación de productos españoles a ese paÃs, según ha anunciado ya la Administración norteamericana? ¿qué efectos tendrá la Tasa Google en el precio de los servicios y en la competitividad de la industria digital española respecto del resto del mundo? ¿cómo afectará a las inversiones en España y a su desarrollo tecnológico?
Entre las crÃticas que se han hecho al establecimiento de la Tasa Google destacan aquellas voces que consideran que los ingresos procedentes del Impuesto serán sustancialmente menores de lo previsto, entre otros motivos por la disminución de la demanda de los servicios digitales como consecuencia del aumento de los precios de dichos servicios. Asimismo, poner en práctica este nuevo impuesto supone un enorme desafÃo administrativo e irá acompañado de altos costes para el Ministerio de Hacienda, como también para las empresas. Además, existe riesgo de que los usuarios o consumidores terminen soportando el impuesto. DeberÃa estar respaldado previamente por un análisis de impacto completo de la medida (comercio, precios, empleo, inversiones, ingresos fiscales totales), en relación con los posibles efectos de deslocalización, traslado a consumidores, doble imposición interna y el coste de implementación para las empresas y la Administración tributaria.
El impuesto tendrá un efecto perjudicial para la economÃa española y su competitividad, supondrá un freno al crecimiento del sector digital, especialmente las empresas españolas emergentes, trasladando gran parte de la carga a pymes, empresas desarrolladoras y startups. Además, supondrá un entorno menos propicio para el desarrollo tecnológico y emprendimiento, debido al incremento del coste de hacer negocios. Provocará una disminución de la inversión en España y tendrá un impacto negativo en la capacidad de innovación digital de las empresas.
En cuanto a los argumentos a favor de su implantación, destacarÃamos la capacidad recaudatoria de la figura impositiva (actualmente la previsión es de 968 millones anuales), aunque existan dudas de las estimaciones realizadas. En todo caso, existen razones de presión social, equidad fiscal, justicia tributaria y sostenibilidad del sistema tributario para implementar el impuesto y asà hacer tributar aquellos ingresos y beneficios generados por empresas y compañÃas del sector digital que se benefician de una baja tributación, a través de planificaciones fiscales agresivas, al estar configuradas las normas fiscales actuales en modelos de negocio tradicionales e industriales y no en modelos de negocio digitales basados en actos intangibles, datos y conocimientos.
En conclusión, hay consenso en la necesidad que las grandes tecnológicas paguen más impuestos, pero es discutible y perjudicial hacerlo a través de la Tasa Google, por las dudas sobre sus efectos nocivos para la economÃa, y antes que se alcance un acuerdo en el seno de la OCDE o la UE.
Juan Carlos Moragues, Inspector de Hacienda del Estado
