Alfonso Rus entrando a la Ciudad de la Justicia de València. EFE-Manuel Bruque-Archivo La Guardia Civil ha informado al juzgado que investiga el conocido como
caso Imelsa de que la empresa pública CIEGSA, utilizada por el anterior
Consell del PP para la construcción de colegios, sirvió para la
financiación ilegal del PP autonómico y provincial bajo las presidencias
de Francisco Camps y Alfonso Rus.
La Unidad Central Operativa de
la Guardia Civil ha remitido al Juzgado de Instrucción número 18 de
Valencia el "Informe sobre las irregularidades detectadas en el
funcionamiento de la empresa pública CIEGSA y su relación con el desvÃo
de fondos públicos".
Este análisis se incorpora a una de las
piezas separadas del citado caso Imelsa, la G, dedicada en exclusiva a
las comisiones ilegales que pudieron cobrar altos cargos del PP con
responsabilidad en CIEGSA tras manipular varias adjudicaciones de obras
con un doble propósito: el lucro personal y la financiación ilegal del
partido.
La Guardia Civil recuerda que la Intervención de la
Generalitat ya cuestionó el convenio (de 2001) que reguló las relaciones
entre CIEGSA y la Conselleria de Educación por "vaciar de competencias a
la Conselleria" y constituir "una puerta abierta al fraude".
En
este sentido, la UCO subraya que "los máximos responsables de CIEGSA han
sido cargos de confianza del president de la Generalitat", y cita
concretamente a Máximo Caturla -investigado en esta y otras piezas-,
nombrado secretario autonómico de Educación el 30 junio de 2003
(Gobierno Camps) y posteriormente consejero delegado de Ciegsa, en
diciembre de 2004.
"En diciembre de 2003, Caturla habrÃa
promovido una serie de cambios en los procedimientos de contratación, en
el organigrama de la empresa y en el personal de la misma que le
habrÃan dotado de una mayor capacidad de decisión y control con respecto
a las decisiones y funcionamiento de CIEGSA", según la UCO.
Uno
de esos cambios fue la creación de un puesto de trabajo y la atribución
de competencias en valoración de ofertas, confección de pliegos y
licitación.
Para el puesto contrató a Joan Vergara, una persona
"sin experiencia laboral y con la que mantenÃa una relación previa por
haber coincidido en su anterior cargo en la ConsellerÃa de Sanidad".
En
su informe, la Guardia Civil detalla cómo Vergara modificó una
adjudicación de 43 millones de euros tres dÃas después de su
incorporación a la empresa, y mediando un fin de semana, de modo que
finalmente, todas las empresas licitadoras fueron valencianas.
"Este
extremo resulta de interés atendiendo a lo expuesto por Máximo Caturla
en la reunión interna de CIEGSA que tuvo lugar en enero de 2004 y cuya
finalidad era comunicar el resultado de esta licitación", según la UCO.
Los
investigadores citan las anotaciones de un exempleado de CIEGSA
asistente a esa reunión, que escribió: "Caturla expuso que desde
entonces se iba a primar a las empresas valencianas frente a las
'extranjeras', que a partir de ese momento él serÃa la persona encargada
de comunicar a las empresas adjudicatarias este extremo" o que "en esta
empresa manda el conseller, y el conseller hace lo que le sale de los
cojones, y que cuando el conseller no está, mando yo".
Para
ahondar en esa "estrategia de recaudación y financiación basada en el
cobro de comisiones ilegales y cuya finalidad serÃa la de financiar al
Partido Popular de Valencia, tanto a nivel provincial como autonómico",
la Guardia Civil cita también los audios aportados a la investigación
por el exgerente de Imelsa y autodenominado 'yonki del dinero', Marcos
Benavent.
Se trata de una conversación entre Benavent y Caturla
en la que se afirma que el segundo estarÃa "recaudando" y que el destino
serÃa el Partido -en referencia al Partido Popular-; a lo que Caturla
responde "ya, ya lo sé. Yo hago lo que puedo y tú lo sabes, porque yo
tengo pocas licitaciones, una curva de caÃda".
De este audio,
según la UCO, se evidencia además la vinculación de VÃctor Campos
-entonces vicepresidente de la Generalitat Valenciana- con la
financiación irregular del Partido Popular, "algo que ha quedado
acreditado en la Sentencia 3/2018 del Juzgado Central de lo Penal número
1".
En otro de los audios, sobre adjudicación de la construcción
del IES Nº4 en la localidad de Torrevieja a la mercantil CLEOP, Caturla
afirma que "ya estarÃa efectuando los cálculos necesarios para aprobar
un proyecto modificado con el cual compensar la baja realizada por la
empresa adjudicataria".
"Tras calcular el importe del proyecto
modificado, procede a calcular el importe de la comisión a solicitar al
empresario, deduciéndose que el importe del proyecto modificado le
servirá para negociar la comisión a cobrar", según la UCO.
"En
la citada conversación, se pone de manifiesto en diferentes momentos que
uno de los beneficiarios de esa comisión serÃa, además de los
interlocutores, el propio Alfonso Rus".
El informe también recoge
pagos, por parte de la constructora BM3 Obras y Servicios,
adjudicataria del IPF El Cabanyal, a varias empresas de Caturla por más
de 160.000 euros entre 2007 y 2009.
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