Hace unos dÃas la UGT-PV conocÃa la sentencia favorable del reconocimiento de la retroactividad de la prestación de cuidadores no profesionales de una de las muchas demandas que el sindicato habÃa interpuesto a través de sus servicios jurÃdicos. La demanda fue interpuesta en 2010 por un afiliado al sindicato, al no estar conforme con la resolución del Programa Individual de Atención (PIA), pues se reconocÃa la prestación de Cuidador no Profesional a partir de la fecha de la firma de la resolución, febrero de 2010 y no desde la fecha de la solicitud, mayo de 2008.
La sentencia acredita y reconoce que cuando se le valoró como Gran Dependiente, la citada persona ya era beneficiaria de los servicios y prestaciones contemplados en la ley de la dependencia, dado que el Grado 3 Nivel 2 estaba vigente desde el 1 de enero de 2007. Por ello, condena a la Conselleria de Bienestar Social a que abone las prestaciones que legalmente le hubieran correspondido además de los intereses legales de demora.
Para la UGT-PV, resulta lamentable que las personas beneficiarias de la conocida como Ley de Dependencia hayan tenido que ejercer sus derechos a través de los Tribunales, dado que el Gobierno valenciano les negaba esos derechos. Es más, resulta dramático que solamente aquellas personas que siguieron adelante los procesos ante los juzgados sean las que han podido ver reconocidos esos derechos, mientras que todas aquellas personas que, por falta de información o de recursos económicos, no pudieron llevar adelante la denuncia, no han visto reconocidos los derechos que les asistÃa por ley, por la negativa del Gobierno valenciano.
Según la responsable de la Secretaria de PolÃtica Social, Pepa Llorca: "Todo esto resulta más terrible cuando al mismo tiempo que conocÃamos la sentencia en la UGT-PV, se publicaba un informe del Tribunal de Cuentas donde se decÃa que la Conselleria de Bienestar Social habÃa cobrado 2,1 millones de euros del IMSERSO de dependientes ya fallecidos".
Por todo ello la UGT-PV denuncia, de nuevo, la situación de desamparo de muchas personas dependientes por la mala o nula gestión y aplicación de la ley de la dependencia en la Comunitat Valenciana. Una Ley que entró en vigor en 2007 pero que pasados más de cinco años desde su puesta en marcha, la falta de voluntad polÃtica del gobierno valenciano, agudizado por la crisis económica actual , está llevando al desmantelamiento del sistema de atención a las personas dependientes en nuestra Comunitat, con las consecuencias fatales de la pérdida de derechos para las personas dependientes y sus familias agudizadas por el COPAGO de servicios planteado por el gobierno tanto estatal como valenciano.
