LA UNIÓ de Llauradors ha pedido hoy al Gobierno una ayuda excepcional esta campaña para los productores por la cosecha de cÃtricos que se quede en el árbol sin recolectarLA UNIÓ de Llauradors ha solicitado hoy al Ministerio de Agricultura, en el transcurso de la reunión mantenida con la Directora General de Producciones y Mercados Agrarios, Esperanza Orellana, una ayuda excepcional y con carácter temporalpara todos los productores de cÃtricos a los que se les quede la cosecha en el árbol sin recoger, en términos muy parecidos a las concedidas por el veto ruso a las exportaciones europeas.
LA UNIÓ considera positiva la retirada de cÃtricos para industria propuesta por el Ministerio, pero es totalmente insuficiente y no llegará de forma directa a los agricultores; de ahà que proponga también la medida anterior que "sà beneficia el maltrecho bolsillo del productor". Se trata en términos técnicos de "la renuncia a efectuar la cosecha de cÃtricos a las organizaciones de productores del sector de cÃtricos y a los productores que no sean miembros de dichas organizaciones". Esta medida excepcional ya se estableció en el Reglamento Delegado (UE) 2017/1165 de la Comisión de 20 de abril para paliar los efectos del veto ruso. Para garantizar la desnaturalización de la misma -evitar que se estropee la fruta-, tal y como se establece en el artÃculo 31 del Reglamento de Ejecución (UE) 2017/892 de la Comisión de 13 de marzo de 2017, se deberÃa tirar la cosecha al suelo.
Es la principal novedad coyuntural transmitida en Madrid por una delegación de LA UNIÓ; encabezada por el secretario general Carles Peris; el miembro de la Comisión Ejecutiva y representante en la Unión de Uniones, Luis Javier Navarro y el secretario técnico, Joanma Mesado. Sin embargo, no ha sido la única medida trasladada a los responsables ministeriales. En este sentido, se ha instado también a impulsar a través de la Federación Española de Municipios y Provincias una exención del Impuesto de Bienes de Inmuebles (IBI) de todos los bienes afectos a la actividad citrÃcola. También establecer una reducción de los Ãndices de rendimiento neto para el sector citrÃcola en el IRPF del ejercicio 2018 o fomentar el acceso a lÃneas especÃficas de financiación del sector citrÃcola a través de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA).
Pero LA UNIÓ ha reclamado asà mismo otro tipo de medidas de carácter estructural como es el establecimiento de la cláusula de salvaguarda a las importaciones de cÃtricos de Sudáfrica. En este aspecto, cuestiona el posicionamiento en general del Gobierno español y en particular de la ministra de EconomÃa, Nadia Calviño que "parece más una responsable ministerial de Sudáfrica que española, porque sólo los agricultores de la Comunitat Valenciana han perdido en esta primera parte de la campaña la friolera de 134 millones de euros, fundamentalmente por la saturación de cÃtricos sudafricanos en los mercados europeos según los datos disponibles".
También ha demandado LA UNIÓ renegociar los tratados internacionales con incidencia en el sector citrÃcola español para establecer en ellos una reciprocidad real de las normativas europeas en materia fitosanitaria, medioambiental y laboral a las producciones agrarias procedentes de paÃses terceros; asà como exigir la implantación del tratamiento en frÃo en tránsito a todos los cÃtricos procedentes de paÃses terceros con plagas de cuarentena.
Otra medida solicitada es impulsar una reestructuración del sector estableciendo normativamente lÃmite a los royalties abusivos.
Sobre la interprofesional citrÃcola Intercitrus, LA UNIÓ pide profundizar en la normativa comunitaria y estatal y en los compromisos de los actores implicados para que la interprofesional realice funciones de ordenación del mercado citrÃcola español. Sobre ésta, LA UNIÓ se congratula que gracias a sus crÃticas la interprofesional se reactive tras un letargo de más de diez años y espera que no sea "un nuevo brindis al sol".
Finalmente, LA UNIÓ ha pedido al Ministerio de Agricultura el establecimiento de personal experto en el sector citrÃcola en la Oficina de la Representación Permanente de España ante la Unión Europea -igual que va a hacer la Generalitat en su Delegación en Bruselas a petición de LA UNIÓ- para promover y defender los intereses de los citricultores españoles y valencianos en el proceso de toma de decisiones que afecten a este sector, defender la posición española consensuada con las organizaciones profesionales agrarias implantadas en las zonas citrÃcolas e influir en las decisiones siempre con el objetivo de conseguir tanto unas relaciones internacionales más justas para el sector citrÃcola como una normativa sectorial más equilibrada para los citricultores en materias medioambientales, fitosanitarias y de mercado.
