La propuesta que realizó ayer la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural en relación a la prohibición de determinadas prácticas comerciales desleales contiene aspectos positivos que reflejan un cambio de posicionamiento, pero también algunas carencias importantes y evidentes que deberÃa contemplar como son por ejemplo la venta a pérdidas o la posición de dominio.
LA UNIÓ, como ya ha reiterado en distintas ocasiones, considera fundamental la definición de posición de dominio, estableciendo un criterio sobre cuándo un operador tiene un grado de concentración que le permite evitar la competencia e imponer unilateralmente sus condiciones. Asà mismo, también cuestiona que no se incluya la venta a pérdidas, una de las reivindicaciones más importantes de los últimos años por parte de LA UNIÓ y del conjunto del sector productor valenciano y sobre la que lleva batallando tanto aquà como en Bruselas.
Otro aspecto que cuestiona LA UNIÓ de la propuesta sobre la Cadena Alimentaria es que no entre en que la promoción y ofertas de los productos perecederos -fundamentalmente frutas y hortalizas- no recaiga siempre en el precio a percibir por parte del productor, cuando deberÃa serlo sobre el margen comercial de las cadenas de distribución, quienes son en definitiva las que se benefician y les sirven como reclamo para que los consumidores adquieran otros bienes de consumo.
La propuesta de la Comisión que se debatirá el próximo lunes en el Consejo de Ministros de Agricultura, habla de prácticas desleales que deben prohibirse como el retraso en los pagos de productos perecederos, las cancelaciones de última hora, las modificaciones unilaterales o retroactivas de los contratos u obligar al proveedor a hacerse cargo de los gastos de los productos perdidos.
Son asuntos como el del pago a 30 dÃas -tal y como ya existe en España con la Ley de Morosidad para los alimentos frescos y perecederos- que esta organización agraria valora de la propuesta y que irÃan en la buena dirección de erradicar ciertas prácticas desleales, para hacer una cadena más justa para el eslabón más débil de la cadena alimentaria, los agricultores y ganaderos.
Igualmente considera que esta iniciativa debe también beneficiar a los consumidores y recuerda que, según sus análisis, en estos últimos años los precios a los consumidores en alimentación en la UE han subido un 2% en mayor medida que el IPC General, y muy por encima de los precios a los productores, un 0,7%.
La propuesta contempla que sean los Estados miembro los que hagan seguimiento y marquen las sanciones oportunas, por lo que LA UNIÓ pide valentÃa polÃtica para aplicarla y espera que la capacidad de presión de los lobis de la agroindustria y la distribución no acaben por quitarle músculo a la Directiva.
