Instalación riego. -EPDA LA UNIÓ Llauradora y el resto de las organizaciones que componen la Unión de Uniones ha presentado en estos días sus conclusiones en el recurso contencioso administrativo que tiene interpuesto contra el MITECO por inacción del Gobierno al no haber puesto en marcha el contrato eléctrico de doble tarifa para el regadío aprobado por Ley en 2020.
Critica la organización que el MITECO lleva incumpliendo su compromiso con los agricultores desde hace más de un año, con la complicidad del Ministerio de Agricultura y en particular cuestiona las declaraciones del ministro Luis Planas, recogidas recientemente por varios medios, según las cuales el contrato eléctrico de doble tarifa para el regadío no se situaría en el contexto actual. "No solo no apoya la medida" critican "sino que además pone palos en las ruedas".
La organización recuerda que, gracias a la propuesta de enmienda presentada por Unión de Uniones que recogieron y apoyaron varios grupos parlamentarios, durante los debates presupuestarios de 2020 en las Cortes, quedó incorporada a la Ley en la Disposición final cuadragésima quinta la obligación del Gobierno de desarrollar reglamentariamente en 6 meses una modalidad de contrato de acceso para regadío que contemplará la posibilidad de disponer de dos potencias diferentes a lo largo de 12 meses, en función de la necesidad de suministro para esta actividad. También en la modificación de la Ley de la cadena alimentaria se establece que "El Gobierno posibilitará la contratación de dos potencias eléctricas a lo largo del año, discriminando la época de riego y la de no riego (...).".
"Ahora ya se están presentando los presupuestos de 2022 y los políticos se hinchan como pavos diciendo que son los más sociales de la historia cuando ni siquiera han cumplido los compromisos establecidos en la Ley en 2020", critican con dureza desde LA UNIÓ.
Ha presentado en estos días las conclusiones ante el Tribunal Supremo, tras la recepción del expediente del asunto remitido desde el MITECO. "Mucho no han trabajado en el MITECO en este asunto, porque en el expediente no constaba nada más que el requerimiento que presentó Unión de Uniones en julio de 2021" señalan. El Gobierno presentará también sus conclusiones a la vista de unas y otras y el Tribunal decidirá.
LA UNIÓ considera que en la situación actual y siendo el sector agrario y, concretamente el regadío, es uno de los más afectados por el encarecimiento de la energía, la medida debería haber surgido a iniciativa del propio Gobierno y, sin embargo, "es una triste gracia que tengamos que reclamarle en los tribunales que desarrolle lo dispuesto por la Ley". La organización confía en un pronunciamiento favorable a su demanda, que acabaría beneficiando los intereses de los agricultores.
Cabe señalar además que los regantes sufren una merma la rentabilidad de sus explotaciones por los bajos precios que perciben y por los altos costes de producción, entre ellos los de la electricidad y otros inputs necesarios para la actividad agraria, además en un contexto de incertidumbre ocasionado por, entre otras cuestiones, la guerra en Ucrania, las adversidades climatológicas o las plagas, entre otras cosas.
