Depósitos de vino.LA UNIÓ de Llauradors ha reclamado a través de un documento presentado al Ministerio de Agricultura que haga públicas las medidas extraordinarias dirigidas al sector vitivinÃcola para poder superar la crisis provocada por la COVID-19, de tal forma que tanto viticultores como bodegas, puedan disponer ahora, cuando quedan pocos meses para el inicio de la próxima vendimia, de elementos que les den seguridad para la campaña.
La organización agraria, que ya consiguió la articulación de la vendimia en verde en 2020 a pesar de que el presupuesto fue insuficiente, ahora insta al Ministerio a que aporte a esta medida todo el presupuesto que se pueda recabar de Bruselas y de fondos propios. También propone liberar recursos, si fuese necesario del Programa de Apoyo al sector vitivinÃcola español (PASVE) 2021, garantizando previamente que las acciones ya iniciadas que finalizan el 31 de julio de 2021, correspondientes a otras medidas como la reestructuración, se paguen cuando estaban previstas. No obstante, "la decisión de que haya o no fondos adicionales para actuaciones extraordinarias es responsabilidad de la Comisión y del propio Ministerio y de ellos depende como quede de tocado el PASVE", insisten desde la organización.
Por otra parte, el Ministerio ha decidido que los destinatarios de las ayudas a la destilación sean las destiladoras (22 destiladoras autorizadas percibieron 65,39 millones de euros), que pagan el vino en las bodegas al precio que creen conveniente, algo con lo que LA UNIÓ se muestra crÃtica y que difiere de la estrategia seguida por Francia.
Francia ha puesto financiación estatal para poder paliar la crisis provocada por la pandemia
En este sentido, el paÃs vecino destinó la pasada campaña 185 millones de euros a destilación de crisis el pasado año, de los cuales sólo 10 millones directamente para las destiladoras, y el resto, en las bodegas.
Asimismo, los precios de la ayuda a la destilación de crisis fueron mucho más elevados en Francia en comparación con España: 78 euros por hectolitro en vino de DO o IGP y 58 euros por hectolitro en vino sin DOP o IGP a Francia, mientras que en España fueron de 40 euros y 30 euros, respectivamente.
Francia aportó 58 millones de euros de fondos propios para su destilación de crisis, más la exoneración de la seguridad social para pequeñas y medianas empresas vitivinÃcolas con dificultades, más 120 millones para créditos a los viticultores. Italia, con una polÃtica diferente, destinó 14,7 millones a la vendimia en verde, 14 millones a destilación de crisis, y 90 millones a ayudas de promoción a las bodegas, además de 69 millones a inversiones en bodegas y 120 millones a reestructuración, cantidades mucho más elevadas que las de Francia y España para medidas estructurales y no de crisis.
LA UNIÓ considera que los viticultores españoles y valencianos sufrieron un agravio importante en la aplicación de medidas de crisis 2020 respecto a los otros grandes productores comunitarios, diferenciándose sólo por el almacenamiento privado para el que se ejecutaron 16M€, y ahora es necesario que el Ministerio apruebe unas nuevas medidas que les den seguridad y perspectiva para poder superar la nueva campaña.
