Persona limpiando una pieza de res.LA UNIÓ de Llauradors i Ramaders ha remitido un escrito a la Conselleria de Agricultura en la que le pide su mediación tras el conflicto surgido en Mercavalència que ha decidido que las explotaciones ganaderas de rumiantes (vacuno) y equino dejen de sacrificar a partir de noviembre allí sus animales y solo se utilicen para el ganado porcino de una empresa privada.
La organización se pone a disposición de los responsables autonómicos de Agricultura para mantener una reunión de coordinación con objeto de buscar una salida pactada y razonable antes del próximo mes de noviembre, así como con el Consejo de Administración de Mercavalència para que explique la situación generada con esta decisión.
La información remitida por Mercavalència ha sobresaltado al sector puesto que las alternativas propuestas -enviar las reses al matadero de Borriana- supondrán un notable incremento de los costes y, por tanto, afectará a la ya reducida rentabilidad de estas explotaciones ganaderas.
LA UNIÓ señala que el capital social de Mercavalència es del 51% del Ayuntamiento de València y el restante 49% de Mercasa (empresa pública del MAPA y la SEPI) y habría que buscar la solución más viable para las explotaciones ganaderas afectadas. En 2008 por ejemplo la Conselleria aportó mediante un convenio la cantidad de 12 millones de euros para este matadero, por lo que está financiado en parte con dinero público de todas las personas de la Comunitat Valenciana.
Cabe señalar además que es de los pocos mataderos que actualmente están certificados para la ganadería ecológica y que su cierre para sacrificios que no sean de porcino va a afectar claramente a la política tanto del Ayuntamiento de València como de la Conselleria de Agricultura de incentivar y potenciar la conversión a la ganadería ecológica de las orientaciones, principalmente, extensivas. En su día durante la inauguración ya se destacó por parte de la Conselleria que "se culmina un proceso que ha sido financiado por todas las valencianas y valencianos con 12 millones de euros y que nos permite proclamar con orgullo y en voz alta que la capital de la Comunitat Valenciana dispone de una línea con certificación ecológica que favorece el desarrollo del sector de la ganadería ecológica".
A juicio de LA UNIÓ es muy preocupante que una entidad de titularidad mayoritaria en manos de las Administraciones Públicas deje de prestar un servicio en beneficio de una empresa privada, dejando a una parte importante del sector fuera de estas instalaciones y ofreciendo como alternativa una opción que supone incrementar costes y bajar la rentabilidad, además de lo que supone para el bienestar animal incrementar los desplazamientos.
Carles Peris, secretario general de LA UNIÓ, indica que "un organismo dependiente en gran parte del Ayuntamiento de València que tanto apuesta por la producción local, los canales cortos de comercialización, la producción ecológica y la soberanía alimentaria, no puede dejar ahora en la estacada a un grupo de ganaderos que apostaron en su día por las instalaciones de Mercavalència".
