LA UNIÓ de Llauradors considera que la medida de destilación obligatoria sin ayudas que el Ministerio de Agricultura ha pactado con Cooperativas Agro-alimentarias, Asaja, Coag y la Federación Española del Vino, no sólo no representa ningún apoyo al sector vitivinícola de la Comunitat Valenciana sino que es, de hecho, una penalización al mismo por haber tenido una buena cosecha.
LA UNIÓ cree que la única medida que podría haber contribuido a reactivar el mercado del vino y a hacer hueco en los depósitos para la próxima cosecha habría sido una destilación voluntaria apoyada con fondos del Ministerio de Agricultura para que, sobre todo las cooperativas pudieran haberse deshecho en condiciones razonables de la parte de su producción almacenada de peor salida comercial. No obstante, el Ministerio ha hecho pública su negativa a aportar ninguna financiación a una medida de este tipo y en su lugar ha aprobado, con el beneplácito de Cooperativas Agro-alimentarias y algunas organizaciones agrarias, una destilación obligatoria para quienes hayan tenido rendimientos muy por encima de la media de años pasados y cuyo coste tendrá que ser asumido por los productores. Dicha medida, ineficaz además por las fechas en las que podrá ponerse en marcha, es en realidad una penalización al sector y sienta un peligroso precedente de cara a próximas campañas.
En todo caso, de llevarse a cabo, LA UNIÓ considera indispensable, que tanto el vino destinado a la quema como el alcohol obtenido para usos industriales se marquen por cualquier procedimiento que garantice que ni uno ni otro se desvían a los mercados normales.
"Los mismos que hace diez meses se felicitaban de haber colocado a España como primer productor mundial, hoy castigan al sector precisamente por ese motivo. Algo no funciona bien cuando se permite que una buena cosecha suponga un drama para los viticultores y para sus cooperativas" ha expresado José Ramón Beltrán, responsable del vino de LA UNIÓ. "Ahora es fácil cargar las tintas contra los viticultores; pero nos limitamos a buscar la rentabilidad de nuestras explotaciones con las normas que marca la Política Agraria y en los mercados que esas normas definen". Se refiere Beltrán a que las autoridades y administraciones públicas deciden la Organización Común del Mercado, la desaparición de los derechos de plantación, la apertura de mercados a caldos que no cumplen las exigencias europeas, el mantenimiento de la chaptalización y los impuestos que gravan los inputs y las producciones, por ejemplo.
LA UNIÓ va a estudiar con detenimiento otras medidas propuestas por el Ministerio como la vendimia en verde y la regulación de rendimientos. No obstante, cualquier esfuerzo de autorregulación del sector será inútil si no se ejerce, mediante la adecuada trazabilidad, un seguimiento de las importaciones de vinos procedentes de terceros países, innecesarias en un mercado excedentario y con caldos de todo tipo y precio, pero que tienen un comportamiento hostil sobre el mercado interior y exterior y cuyo circuito comercial no se identifica.
Por otro lado, la Interprofesional que el Ministerio está promoviendo y tal y como se está gestando no es garante en absoluto de un mejor funcionamiento de la cadena en el sector. "Si quienes quieren arrogarse la representación de los viticultores en esa interprofesional son los mismos que, sin consultarles, han dado su visto bueno a la destilación obligatoria del Ministerio, miedo nos da lo que puedan aprobar si es que esa interprofesional llega a constituirse" ha concluido el responsable del vino de LA UNIÓ, apuntando además que "desde luego, a nosotros, no nos representan".
