La Unió de Llauradors traslada a la AICA ya las primeras denuncias por incumplimientos de contratos ante una nueva campaña del caqui

LA UNIÓ de Llauradors ha presentado ya ante la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), organismo dependiente del Ministerio de Agricultura, las primeras denuncias en una nueva campaña de comercialización del caqui a comercios que realizan la compra con contratos donde no figura el precio de la fruta.

En la denuncia dirigida por esta organización agraria a la AICA, se solicita que "se inicien los controles e inspecciones requeridos sobre los comercios especificados en la denuncia para comprobar el cumplimiento de la existencia de contratos por escrito y, en este caso concreto, del cumplimiento de su contenido en la compraventa de caqui de acuerdo con lo establecido en el artículo 9 de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria".

Según afirma LA UNIÓ, algunos operadores comerciales están comprando durante estos últimos días caquis a los agricultores sin establecer expresamente el precio de compraventa en el contrato y efectuando este tipo de transacciones bajo la fórmula conocida como "a comercializar", es decir, sin un precio pactado tal y como obliga la Ley de la Cadena Alimentaria. Bajo esta práctica de "a comercializar" el comerciante le compra los caquis a la persona agricultora sin ofrecerle un precio concreto, de modo que cuando el primero realiza la venta y termine su campaña ya le dirá a cuanto se le paga en función del mercado y descontados los gastos de toda la cadena.

Cabe señalar que gracias a las acciones emprendidas por parte de LA UNIÓ, la Agencia de Información y Control Alimentarios dio la razón a las denuncias de la organización y ya abrió en la pasada campaña expedientes sancionadores a alguna empresa importante del sector que había modificado mediante adenda las condiciones inicialmente pactadas en el contrato con los productores de caqui. 

En los escritos remitidos por la AICA a LA UNIÓ se señalaba textualmente que este organismo "abre dos expedientes sancionadores al existir indicios razonables de que pudiera haberse cometido infracción tipificada en el artículo 23.1.b (ausencia de elementos mínimos en los contratos) y en artículo 23.2.II (incumplimiento de los plazos de pago), respectivamente, en relación con la Ley 12/2013".

LA UNIÓ aconseja a los diferentes operadores comerciales, tanto del caqui como de otros cultivos, que utilicen y cumplan los contratos que firman con los productores y que se mantendrá totalmente vigilante para denunciar ante la AICA cualquier vulneración de los mismos para defender los intereses de todas las personas agricultoras de la Comunitat Valenciana.