La exclusión del acceso a las técnicas de reproducción asistida en la sanidad pública para las parejas formadas por dos mujeres y las mujeres solas, diferenciando sus derechos y su realidad familiar de las parejas formadas por un hombre y una mujer es la imposición de una visión monolÃtica de unidad familiar.
La Generalitat Valenciana nos está sometiendo a una triple discriminación, por cuestión de género, orientación sexual y clasista, ya que con esta medida, sólo se permite la maternidad cuando hay un hombre, ya que si él no está presente las mujeres no tienen derecho a la reproducción asistida, estableciendo que la mujer no es la acreedora del derecho, sino su pareja masculina. Además, esta medida condiciona el acceso a la maternidad dependiendo de los recursos económicos, dejando fuera a aquellas mujeres que no tienen dinero para pagar el proceso de reproducción asistida en una clÃnica privada.
Este atentado contra nuestros derechos al que nos somete el Gobierno Valenciano choca frontalmente con la doctrina del Tribunal Constitucional en la sentencia que avala el matrimonio igualitario. La exclusión de las mujeres solas y las parejas de mujeres en la cartera de prestaciones comunes del sistema sanitario público valenciano es, según entiende Lambda, inconstitucional.
Luisa Notario, coordinadora del Espacio de Familias de Lambda, ha asegurado que "el Gobierno Valenciano siempre nos trata como familias distintas, familias de segunda, y por tanto no garantiza en igualdad nuestro derecho a tener hijos e hijas. El Partido Popular sigue volcando sobre nuestro colectivo todo su odio, convirtiendo en ley la pura discriminación".
"Se trata de un claro sesgo ideológico que quiere proteger y perpetuar sólo un tipo de familias, sólo un modelo de realidad. Disfrazan de recorte una exclusión estrictamente moral porque la protección de la maternidad deberÃa ser independiente de si ésta se comparte con un hombre, con una mujer, o se asume sola", ha afirmado Mar Ortega, Coordinadora General de Lambda.
