El comisionista Víctor de Aldama a su llegada este miércoles al Tribunal Supremo para declarar en el juicio que le sienta en el banquillo junto al exministro de Transportes José Luis Ábalos, en una jornada que estará centrada en la entrada y salida de dinero en efectivo de la sede de Ferraz y en la que también está citada la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano. EFE-Daniel GonzáleLa novena sesión del juicio en el Tribunal Supremo contra el exministro y exdiputado por Valencia José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama ha estado marcada por la comparecencia de tres inspectoras del Ministerio de Transportes y una perito.
Durante una intervención que se ha prolongado cerca de tres horas, las inspectoras han rechazado haber recibido instrucciones al elaborar la auditoría interna que cuestiona la adjudicación de contratos de mascarillas y que está en el centro del proceso por presunta corrupción.
Las funcionarias han respondido a los cuestionamientos planteados por la defensa, que sostiene que el documento presenta falta de rigor. En este sentido, han tratado de desmontar las acusaciones de subjetividad, "falta de transparencia" y juicios de valor señaladas por la perito propuesta por Ábalos.
Han insistido en que el trabajo realizado no corresponde a una "auditoría pública", sino a "una auditoría interna publicada", subrayando así el alcance y naturaleza del informe.
Por su parte, las defensas han puesto el foco en que no se entrevistó a todos los implicados en los contratos, incluido el propio exministro, lo que, según la perito, "resta objetividad e independencia" al análisis.
Las inspectoras han explicado que su margen de actuación se limita al personal en activo dentro del Ministerio o la administración, ya que no tienen "autoridad" para requerir información a quienes ya no forman parte de ella. También han defendido que el informe recoge únicamente las respuestas obtenidas, sin incorporar valoraciones.
Para su elaboración, revisaron 1.928 archivos y más de 6.000 correos electrónicos.
La perito presentada por Ábalos y su exasesor ha señalado que su trabajo no pretendía determinar "si está bien o mal la auditoría", aunque ha reiterado que, "según cómo la han analizado, contiene sesgos, interpretaciones subjetivas" y que eso "les aparta de los estándares" exigidos.
Uno de los puntos destacados en la auditoría es la participación del exasesor Koldo García en distintos momentos del proceso de adjudicación. Según una de las inspectoras, su "intervención" se produjo "principalmente con la oferta directa, en papel y sobre la mesa", de la empresa Soluciones de Gestión.
A juicio de las funcionarias, "llama la atención que sea un asesor" quien desempeñe ese tipo de funciones, especialmente existiendo un jefe de gabinete "por encima de cualquiera de los asesores".
También han resaltado que dicha empresa ofreciera suministrar material el 20 de marzo de 2020 sin que existieran aún ofertas previas, lo que sugiere que "era evidente" que alguien le había trasladado esa información, aunque no han podido identificar a quién.
Otro de los aspectos señalados ha sido el incremento de un encargo de mascarillas, que pasó de 4 a 8 millones en apenas 38 minutos. Las inspectoras han indicado que la estimación técnica inicial del Ministerio era de 4 millones.
En relación con este cambio, una de ellas ha afirmado: "Objetivamente, nadie nos ha dicho por qué se produce ese cambio", mientras que otra ha añadido que "no se cuestiona la cifra; la realidad es que la cifra no está motivada en la orden de adquisición".
Pese a las dudas planteadas en torno a algunos procedimientos, las inspectoras han subrayado que la legalidad de la tramitación de los contratos no está en entredicho, recordando que ya fue revisada y avalada por el Tribunal de Cuentas.
