Manifestación por el trasvase Tajo-Segura en Madrid, este 2021. - efeDe poco o nada ha servido la presencia de ese "poder valenciano" del que tanto derechas como izquierdas han presumido de tener en Madrid. Al menos, en lo que a reivindicaciones históricas se refiere. Y es que, asuntos tan importantes como el aumento de la financiación, infraestructuras que estrangulan la expansión de la ciudad, los problemas medioambientales o las reformas legislativas, avanzan a ritmo muy lento, se apoyan en compromisos verbales o directamente caen en saco roto cuando llegan a la capital. Todo ello pese a contar con una unanimidad política entre las formaciones valencianas.
La mejora de la financiación autonómica es una de las patatas calientes que el gobierno central tiene encima de la mesa. De hecho, tras la mejora de la situación sanitaria, el ejecutivo de Sánchez todavía no se ha atrevido a abordar esta situación que en 2020 volvía a dejar a la Comunitat valenciana como la autonomía peor financiada de España. Pese a que, en teoría, el sistema autonómico debería funcionar como una gran hucha, donde se ingresa dinero del Estado y de cada una de las comunidades para repartir en función de la población real de territorio, la introducción de ciertos criterios ante las singularidades de cada población ha llevado a una distorsión que deja a los valencianos a la cola del país.
A modo de ejemplo, frente a los 2.524 euros por habitante que el Estado aportó a la Comunitat en 2018 para financiar los servicios públicos esenciales, los cántabros recibieron 3.200 euros y los riojanos 3.095.
Es sin duda la infraestructura más demandada por el pueblo valenciano. Por ello, ya en en 2003 se llevó a cabo la firma de un acuerdo entre el Ministerio de Fomento, el Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat Valenciana para la realización del túnel pasante, con el objetivo de poner fin a la playa de vías que parte el Cap i Casal en dos.
De hecho, esta realidad urbanística obligó a realizar una instalación provisional para la llegada del AVE, modificar el proyecto del Parque Central y promete estrangular el futuro corredor mediterráneo.
Los presupuestos del gobierno central del 2021 prometen financiación para el proyecto que licitará sus obras en 2022 Si todo marcha según lo previsto. La que será la primera gran obra de la red arterial ferroviaria empezaría en 2023 y no estaría terminada hasta 2027, en el mejor de los casos.
Esta actuación, si no hay retrasos, permitiría cerrar todas las líneas de cercanías y alta velocidad de entrada a la ciudad así como el derribo del puente de Giorgeta, el cual no se llevaría acabo hasta 2026. En este sentido, la inversión global del canal de acceso soterrado alcanza los 437 millones de euros pero los presupuestos generales de 2021 no contemplan inversiones para esta votación. Si lo prevén para los tres ejercicios siguientes en los que se han programado partidas de 3 millones en 2022 10 millones en 2023 60 millones en 2024.se
La ministra de Fomento, Raquel Sánchez, se comprometió con el President este mes de septiembre a hacer todo lo posible para desbloquear el avance del Corredor Mediterráneo. Precisamente, el mayor cuello de botella de esta red que pretende unir todos los territorios del Mediterráneo con la Unión Europea, se encuentra entre la capital del Turia y Vandellòs.
Esta situación impide conectar la segunda y la tercera ciudad más importante del país a través de esta red ferroviaria, pese a que todos los sectores económicos insisten en subrayar la relevancia de su finalización. Ahora, las previsiones pasan por que, este tramo, sea una realidad a lo largo del año 2024.
La Asociación de Juristas Valencianos han aumentado la presión a las instituciones para lograr la recuperación del Derecho Civil Valenciano, como una pieza indiscutible para recuperar el autogobierno de los valencianos.De hecho, en el mes de septiembre, y tras una batería de actos llevados a cabo durante todo el verano, los representantes han solicitado al gobierno central la oportunidad de aprovechar la reforma de la Constitución sobre discapacidad para tramitar también la reforma presentada hace casi año y medio y que logre reparar la pérdida de este paraguas legal que se aplicó en la Comunidad Valenciana entre los años 2008 y 2016. Todo ello con el objetivo de que esté de nuevo en funcionamiento en el 40 aniversario de la aprobación del estatuto de autonomía, que se celebrará el año 2022.
La recuperación del derecho civil foral está fundamentada históricamente pero también supone una reclamación de futuro para que los valencianos dispongan de una herramienta que les permita mejorar su calidad de vida en cuestiones tan cotidianas como el régimen matrimonial le herencia o la legislación de parejas de hecho.
Grandes sequías y épocas de gota fría. El clima mediterráneo sigue caracterizándose por grandes épocas de falta de agua, un hecho que afecta especialmente a sectores como la Agricultura o el Turismo, pero que además, con el cambio climático, pone en riesgo un recurso tan necesario para la vida. Mucho tiempo ha pasado desde el año 2003, cuando una gran manifestación llenó la Alameda pidiendo agua para todos a través del trasvase del Ebro. Entre medias un plan de desalinizadoras socialista que nunca llegaron a funcionar en su totalidad.
Sin embargo, el problema sigue siendo el mismo y la realidad cada día más complicada. Actualmente las soluciones pasan ahora por los trasvases del Tajo-Segura, los cuales siguen generando conflictos entre las administraciones autonómicas y centrales. Ahora, la intención del gobierno de España pasa por modernizar las estructuras de desalinización, la modernización de regadíos, la depuración y la reutilización. Sin embargo el "agua para siempre" que defendió el presidente, Ximo Puig este año en la Vega Baja, parece estar todavía muy lejos.
Las playas de la ciudad de Valencia han perdido los últimos cinco años 300.000 m³ de arena, según el 'Informe sobre evaluación de cambios del sistema dunar y de las playas del sur de la ciudad' elaborado por la Universitat politécnica de Valencia. Por lo que una actuación para poner solución a esta situación es cada vez más urgente.
El Boletín Oficial del Estado publicó el pasado agosto el visto bueno a la evaluación de impacto ambiental del proyecto que pretende regenerar este espacio tan querido por la población valenciana. El mismo, contemplaría el traslado de grandes cantidades de arena que pasarían a estar en la superficie marítima y la construcción de dos espigones hasta la gola de Pujol. La actuación pretende dotar de un ancho de entre 40 a 70 m de arena la zona.
Sin embargo, varios son los expertos que advierten de que esto solo funcionará como un parche temporal.
Todavía no sabemos si el cambio en la cartera de Fomento permitirá avanzar en esta reivindicación histórica a la cual el exministro valenciano, Ábalos, volvió a dejar en un cajón. Lo que sí es evidente, es que nada parece augurar nuevos movimientos en el túnel de Serrería, una dotación ferroviaria que limita el crecimiento de Valencia hacia su zona marítima. De hecho, los últimos movimientos sobre este plan se dieron a mediados de 2020 cuando el Ministerio de Transportes demandó información al equipo municipal para iniciar los estudios para este proyecto, pese a que había un acuerdo plenario de 2018 exigiendo su redacción inmediata.
La situación impide a las administraciones avanzar en asuntos como el PAI del Grao o el proyecto de ampliación de los jardines del Turia, que en la actualidad finalizan frente a l'Oceanogràfic a la espera de una intervención que los lleve hasta la fachada marítima.
El espacio natural de mayor valor ecológico de la capital sigue sufriendo un déficit hídrico estructural muy preocupante. La cantidad de agua que llega al lago ha ido disminuyendo por la sobre explotación del río Júcar, hasta poner en peligro la supervivencia del Parque Natural. Desde el 2016 se ha derivado unos 12 hm³ anuales de agua, pero las cifras que maneja el Consistorio es que se necesitan unos 74 hm³ anuales durante los meses en los que no se cultiva el arroz. Este año, el Ayuntamiento presentó un proyecto a las diferentes administraciones para garantizar esta aportación de agua, pero hasta el momento, el único compromiso por parte de la Generalitat y el gobierno central es el de estudiarlo.
