El exconseller Rafael Blasco. EFELa Coordinadora Valenciana de ONGD (Organización no Gubernamental
para el Desarrollo) reclama una pena de prisión de 5 años para el exconseller
Rafael Blasco en el tercer juicio por corrupción al que se enfrenta -tras haber
sido condenado en dos ocasiones por el desvÃo de fondos públicos destinados a
cooperación internacional- por el supuesto amaño de contratos informáticos.
La sección tercera de la Audiencia Provincial de Valencia juzga desde mañana
miércoles 3 de marzo y hasta el 16 de abril la quinta pieza del conocido como
caso Cooperación, referida al supuesto amaño en contratos informáticos de la
Conselleria de Solidaridad y CiudadanÃa entre los años 2008 y 2011, cuando
Blasco estaba al frente de esta cartera, por valor de más de un millón de
euros.
La causa se sigue también contra el empresario Augusto César Tauroni; la ex
secretaria general de esa Conselleria Agustina Sanjuan, y el exjefe del
servicio de informática Javier Murcia.
La primera sesión del juicio, mañana 3 de marzo, estará destinada a las
cuestiones previas e interrogatorios de los acusados; las tres siguientes (26 y
29 de marzo y 15 de abril) a las declaraciones de peritos y testigos, y la
última, el 16 de abril, a las conclusiones e informes.
En esta pieza, que se abrió en 2017, se han investigado los posibles delitos de
prevaricación, malversación de caudales públicos o apropiación indebida a través
de la contratación irregular de servicios informáticos de la Conselleria de
Solidaridad y CiudadanÃa entre los años 2008 y 2011.
Según ha detallado la Coordinadora en un comunicado, los siete contratos
presuntamente amañados eran para el desarrollo del Portal del Inmigrante,
Portal de la CiudadanÃa, herramientas de participación ciudadana y para el
control telemático de la gestión de las escuelas de acogida, entre otros.
Los contratos se adjudicaron a las empresas Fujitsu, Indra sistemas, Ibermática
y Comteldat, pero terminaron siendo subcontratados supuestamente a las
sociedades del empresario Augusto César Tauroni, cabecilla de la trama corrupta
junto a Rafael Blasco. Al parecer, las empresas interpuestas recibÃan una
comisión de alrededor del 7 % del total del contrato.
Por estos supuestos hechos, la Coordinadora Valenciana de ONGD solicita tanto
para Blasco como para la entonces secretaria general de la Conselleria,
Agustina Sanjuán, 5 años de prisión, 350.000 euros de multa y 16 años de
inhabilitación para empleo y cargo público por los delitos de prevaricación,
fraude a la Administración y tráfico de influencias.
Las penas de prisión y multa son las mismas para Tauroni, pero en su caso se
solicita la inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas o contratos
públicos.
Para el que fuera jefe de servicio de Informática de la Conselleria Javier
Murcia, se solicitan 3 años de prisión y 10 de inhabilitación para empleo o
cargo público por los delitos de prevaricación y fraude a la Administración.
"Después de la sentencia sumamente decepcionante e indignante con la que se
saldó el último juicio por el caso Blasco, desde la Coordinadora, y en nombre
de todas las acusaciones populares en esta causa, queremos que se haga justicia
de una vez por todas, para que las penas sean proporcionales a la gravedad de
los delitos cometidos por una de las tramas de corrupción más inmorales que
hemos sufrido en la Comunitat Valenciana", explica Lourdes Mirón, presidenta de
la Coordinadora Valenciana de ONGD.
Desde la Coordinadora también solicitan, como han hecho desde el principio del
caso, que el dinero y los bienes que se están recuperando se destinen a la
cooperación internacional que era el propósito que tenÃan los fondos que robó
la trama. Las ONGD exigen garantÃas de que se continuará investigando hasta que
los condenados hayan devuelto la totalidad de lo que robaron.
La Coordinadora insiste en que este "no es un caso de corrupción más. Ha
sido una de las tramas más indignas y repugnantes a las que nos hemos enfrentado
en los últimos años. Se aprovecharon del sufrimiento de miles de personas
empobrecidas para enriquecerse personalmente. Las ONGD llevamos diez años
luchando por que se haga justicia, para defender la dignidad de la cooperación
y para lograr la devolución de los fondos defraudados. Vamos a seguir
haciéndolo en este juicio", ha añadido Mirón.
