El programa de cooperación Género y Desarrollo en Mozambique. EPDALa Coordinadora Valenciana de ONGD solicita, tanto al gobierno autonómico valenciano como a los gobiernos locales, que se mantengan y refuercen en los presupuestos para 2025 los fondos destinados a las políticas públicas de cooperación, en línea con los acuerdos autonómico y locales firmados durante el año 2023 por las principales fuerzas políticas valencianas. La petición pública coincide con la conmemoración del día internacional de las personas cooperantes, el 8 de septiembre.
Su presidente Enrique Asensi, advierte de que "este año se ha logrado una inversión del 0,23% en cooperación a nivel autonómico que, pese a que nos convierte en líderes a nivel estatal, se encuentra muy lejos del compromiso de alcanzar el 0,4% al finalizar la legislatura. Las ONGD valencianas demandamos una señal inequívoca en este sentido, por ley, por justicia y por futuro".
El planeta sufre el mayor número de conflictos (56) desde la Segunda Guerra Mundial. Millones de personas ven sus derechos más básicos cercenados, mientras incrementan los presupuestos y discursos belicistas.
Esto, junto a las consecuencias de la emergencia climática y el retroceso de derechos, ha hecho que se alcance el récord de personas desplazadas por la fuerza en todo el mundo: más de 117 millones, según datos de ACNUR; la mayor parte de ellas son desplazadas en sus propios países.
En tal contexto, el trabajo que realizan cooperantes junto a organizaciones locales es esencial para garantizar derechos básicos. A pesar de ello, la persecución a su trabajo y las amenazas a las personas cooperantes y defensoras de los derechos humanos están aumentando de manera preocupante: Nicaragua, Perú, Guatemala, Hungría, Israel o Tanzania son algunos de los países que han tomado medidas que persiguen el trabajo de las ONG.
"Esta persecución pone en peligro la calidad democrática de las sociedades y, sobre todo, las condiciones de vida de las personas que viven las consecuencias de las múltiples y complejas crisis globales que atraviesa nuestro planeta", señala Enrique Asensi, presidente de la Coordinadora Valenciana de ONGD.
En los últimos años, se han multiplicado las trabas al apoyo humanitario e incluso los ataques a quienes ejercen esta labor. Según datos del Aid Worker Security Database, en lo que va de año, 172 trabajadores y trabajadoras humanitarias han sido asesinadas; 119 de ellas, en Palestina. El año pasado la cifra total de muertes ascendió a 277; de ellas, 173 eran palestinas.
El pasado mes de julio, se aprobaba el Estatuto de las personas cooperantes, que viene a sustituir al anterior, del año 2006. El nuevo marco legal mejora las condiciones laborales de los y las trabajadoras y sus familias, fortalece las medidas de seguridad o la extensión de la previsión social al personal voluntario, becario y que realiza prácticas no remuneradas en terreno.
No obstante, tal como lo contempló el Consejo de Cooperación tiene cierto margen de mejora en cuestiones como ampliar los derechos de las personas voluntarias o fortalecer el deber de cuidado especialmente en situaciones de crisis. Aunque el personal local no es objeto de este Estatuto, el Consejo propone cuidarlo, protegerlo y evacuarlo, si fuera necesario, especialmente en situaciones de crisis o emergencia.
Según el último informe de La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo, 612 personas (58% hombres, 42% mujeres) desarrollan su trabajo como cooperantes en las organizaciones socias de la Coordinadora. Su labor se extiende por 100 países en los que trabajan con 47 millones de personas.
Desde Ucrania, Palestina y Chad, algunas de ellas advierten de la situación extrema que están sufriendo millones de personas, ponen en valor la incalculable labor de las organizaciones locales y demandan un mayor compromiso al Gobierno.
En tal contexto es determinante contar con fondos suficientes, estructuras institucionales que garanticen la eficacia en las actuaciones, la promoción de procesos de paz y la defensa del medio ambiente con el fin de atenuar el impacto de la emergencia climática.
