Así se lo han expuesto hoy al secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, en una reunión que han mantenido en Benidorm las principales asociaciones del sector, que dicen generar un impacto anual de más de 1.700 millones de euros.
Miguel Ángel Sotillos, presidente de APTUR, se ha erigido en portavoz del resto de asociaciones y ha expresado sus "dudas y miedos" con la nueva ley "porque nos encontramos con muchas dificultades para dar de alta la vivienda vacacional".
Los empresarios le han indicado a Colomer que hay artículos de la ley "que deberían ser modificados", en concreto el 65, aunque admiten que "ya que no hay posibilidad de suspenderlo que, al menos, se delimite la interpretación que los técnicos municipales hacen de él".
En ese sentido, consideran que existen interpretaciones de técnicos que "no son correctas" y que impiden que las empresas "puedan alquilar sin restricciones y demoras y cumpliendo las normas".
Sotillos se refería a la obligatoriedad de tener un certificado de compatibilidad urbanística para poder alquilar la vivienda, un documento que otorgan los ayuntamientos y que la mayoría de las veces estos no conceden: "Si estamos atados de pies y manos habrá otras zonas turísticas se aprovecharán".
El presidente de APTUR ha alertado de que la seguridad jurídica de quienes tienen una vivienda que no usan y la quieren alquilar para uso turístico "ahora mismo es bastante complicada".
Francesc Colomer, por su parte, tras conocer las peticiones de los empresarios ha calificado de "positiva" la reunión y ha recalcado que este sector es "capital" para la economía y el turismo de la Comunitat al tiempo que ha instado a "no confundirlo nunca con el intrusismo ni la competencia desleal".
Con respecto al polémico artículo 65, Colomer ha insistido en que la ley lo introdujo para que los ayuntamientos "no se queden desconectados del modelo turístico del alojamiento" con la finalidad de que "el municipalismo integre la vivienda turística como un elemento positivo de dinámica económica y de futuro".
En ese punto ha opinado que implicar a los ayuntamientos "es un paso adelante" y que se debe trabajar para que ello sea "compatible" con la actividad del alojamiento reglado.
El secretario autonómico ha recordado, en cuanto a las alegaciones de las asociaciones de viviendas turísticas, que ese debate "está en sede parlamentaria" y ha añadido que su departamento hará "lo posible" para que la aplicación del futuro decreto "sepa distinguir el sector reglado de lo que es el intrusismo y la competencia desleal".
